En Hermosillo, “solución cosmética” al pasivo ambiental más grande del país

Zimapán da la batalla contra un confinamiento de residuos tóxicos

Se les pide a los pobres correr riesgos ecológicos sin ningún incentivo: CAATA

Angélica Enciso L.

La resistencia de habitantes de Zimapán, Hidalgo, a la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos en su comunidad, la división entre los residentes y el enfrentamiento social son elementos constantes cuando se trata de estos proyectos.

Además del conflicto social, es común que las empresas dejen los desechos abandonados, que el gobierno tenga que indemnizarlas y además remediar el daño ambiental. Esto ocurrió en Guadalcázar, San Luis Potosí y en Hermosillo, Sonora. El confinamiento de Rimsa en Mina, Nuevo León, es el único que se ha concretado y está en operación desde 1993, con vigencia indefinida. Se estima que en el país cada año se generan entre 6 y 8 millones de toneladas de residuos peligrosos.

Los confinamientos buscan establecerse en comunidades pobres, alientan la corrupción local y siempre hay historias de engaños previos, señala Fernando Bejarano, director del Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y Alternativas (CAATA).

Una de las quejas en Zimapán es que al pueblo se le dijo que se iba a levantar una recicladora de basura cerca del poblado Botiña y “cuando nos dimos cuenta lo que estaban haciendo era otra cosa”, señaló José María Lozano, del movimiento Todos somos Zimapán. Luego de enfrentamientos con la policía y la detención y posterior liberación de 45 personas opositoras al plan, el 9 de diciembre, la construcción del confinamiento se suspendió dos días después debido a que no había condiciones para continuar con las obras, argumentó el gobierno estatal; sin embargo, el plan es abrir el sitio en los próximos meses.

La empresa española Befesa prevé invertir 12 millones de dólares en la obra, la cual tendrá una capacidad anual de recepción de 170 mil toneladas; fue autorizada el 4 de agosto de 2006. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (La Jornada, 9 de agosto 2007) consideraron que el proyecto es inviable porque se levantaría en un área donde hay una falla subterránea que genera inestabilidad, además de que a un kilómetro del sitio hay manantiales de agua.

Las experiencias malogradas continúan: el lunes 17 de diciembre ocurrió un incendio en el confinamiento ubicado en la localidad El Sacrificio, en Ramos Arizpe, Coahuila, operado por la empresa Tecnología Ambiental Especializada, abierto apenas en abril de 2007. Frente a esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lo clausuró de manera temporal y presentó una denuncia de hechos, además de que aún está por definir si la clausura es definitiva.

Un caso más es el de Cytrar, asentado en Hermosillo, Sonora, cuya limpieza parcial de 2 mil 300 tóxicos que están en la superficie comenzó en septiembre de 2005. Fue operado por el grupo español Técnicas Medio Ambientales (Tecmed) entre 1996 y noviembre de 1998. En tan sólo dos años, esa empresa depositó de manera clandestina todo tipo de residuos ,entre los que destacan plomo, mercurio, manganeso, askareles, solventes, residuos biológico-infecciosos y baterías de automóviles, refiere Greenpeace.

Indica que esa limpieza superficial es “una solución cosmética” para el pasivo ambiental más grande del país. “El problema de que las autoridades ambientales regalen, sin rigor alguno, permisos de operación a empresas como Tecmed termina revirtiéndose en contra del erario”.

Recuerda que tras la clausura del basurero en 1998, Tecmed-Cytrar demandó a México en marzo de 2003 en Washington a través del Panel sobre solución de controversias entre estados y ciudadanos de otros estados y del Tratado Marco entre México y Europa en materia de inversión. Tecmed ganó la demanda y obligó al Estado mexicano a indemnizarla con 7.5 millones de dólares. Al final, a esta corporación se le pagó por contaminar y afectar la salud pública, señala Greenpeace.

El confinamiento de Ramos Arizpe operó durante siete meses este año; fue autorizado para recibir en total 2.7 millones de metros cúbicos de desechos y tiene una capacidad anual de recepción de 24 mil 100 toneladas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recientemente dio su aval ambiental a otros tres proyectos: uno en Chapantongo, Hidalgo; otro en Viesca, Coahuila –para 182 mil toneladas al año–, y uno más en La Choya, Sonora, para confinar 45 mil toneladas al año.

La Semarnat tiene en su registro de confinamientos, dos plantas en el Distrito Federal: una en Coyoacán, operada por Sistemas de Desarrollo Sustentable, con capacidad de 182 mil toneladas, y otra en la delegación Benito Juárez para la misma cantidad de desechos.

No hay un inventario de desechos

Sin una cifra clara sobre la generación de residuos peligrosos en el país, ya que aún no existe un inventario actualizado, la Semarnat estima que hasta 2004 se generaron 6.17 millones de toneladas, mientras que en 2000 fueron 3.7 millones de toneladas. Hay capacidad instalada para el manejo de alrededor de 12.3 millones de toneladas al año, sobre todo de plantas de reciclaje, tratamiento, incineración y reuso, indica el documento La gestión ambiental en México, editado en 2006.

La Semarnat admite que es urgente elaborar un inventario real y confiable a corto plazo y precisa que las empresas autorizadas para dar tratamiento a líquidos residuales tienden a agruparse en el Distrito Federal, Nuevo León, estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, lo cual no corresponde a la distribución de la generación de residuos.

La solución para el establecimiento de confinamientos sería que los construya el gobierno federal, que Banobras y Semarnat definieran los sitios adecuados y negociar con los gobiernos municipales para que los habitantes se vieran beneficiados con las utilidades, considera Gabriel Quadri.

Un problema derivado del mal y escaso manejo de residuos peligrosos es que hasta hace tres años se tenía el registro de 297 sitios contaminados, los cuales se concentraban en San Luis Potosí, donde había 49; estado de México, con 30; Aguascalientes, 28; Coahuila, 21, y Veracruz, 20.

En los proyectos de confinamientos de residuos peligrosos se da una “selección de sitios sin un proceso transparente de consulta, y no hay una política que tienda a reducir la generación de estos desechos. Hay procedimientos poco democráticos y se les pide a los pobres correr riesgos ambientales, cuando ellos no generaron los residuos, mientras que los empresarios que los producen sólo cumplen el trámite de enviar sus desechos a algún sitio, pero no se hacen responsables de su peligrosidad”, señala Bejarano.

Indica que es necesario diseñar una política ambiental integral preventiva para promover una producción cada vez más limpia; “esto implica dar un viraje de la política neoliberal, enfocada a soluciones al final de la tubería”.