Confían en que este lunes sean al menos mil 500 los quejosos
Listas, las primeras 729 demandas de amparo contra capítulo agropecuario
Las agrupaciones de juristas que elaboran los amparos contra la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han logrado conjuntar la firma de 729 campesinos, que este lunes pedirán la protección de la justicia, informó el abogado Román Díaz Vázquez, quien encabeza a los litigantes.
En entrevista, el jurista dijo confiar en que la mañana de este lunes se logren añadir más firmas de afectados, para que en la primera escalada de demandas sean al menos mil 500 los quejosos.
A las 16 horas de hoy se presentarán las peticiones de amparo acompañadas de una manifestación en la escalinata del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro.
El capítulo agropecuario del TLCAN, que entró en vigor el pasado primero de enero, obliga a desgravar las importaciones de frijol, leche, azúcar, maíz y otros productos de Estados Unidos y Canadá.
Si los campesinos quejosos obtienen una suspensión en vía de amparo, se frenaría temporalmente, para ellos, la aplicación de dicho apartado del TLCAN, aunque, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, es difícil que las demandas prosperen, pues las suspensiones resultarían inviables en su ejecución.
Díaz Vázquez asegura que el TLCAN viola principalmente el artículo 27 constitucional, fracción vigésima, el cual obliga al Estado a otorgar apoyos al sector campesino.
“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica”, indica el artículo 27.
A decir de Díaz Vázquez, la violación de ese artículo es flagrante e implica a las autoridades mexicanas, ya que éstas tienen la responsabilidad de dar los subsidios necesarios para que la competencia entre productores agrícolas de los tres países firmantes del TLCAN sea equitativa.