Derogan decreto expropiatorio en favor de Pascual
A fin de no incurrir en desacato a una resolución judicial, el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, emitió ayer el decreto que deroga la expropiación de varios predios y sus inmuebles en favor de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual.
Con lo anterior concluye un largo juicio iniciado desde la pasada administración, luego de que el 14 de febrero de 2003 el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, decretó la expropiación de nueve predios en las colonias Tránsito, de la delegación Cuauhtémoc, y Calputitlán, de la Gustavo A. Madero.
En dichos lugares se encuentran las instalaciones de la refresquera. La expropiación tenía el propósito de proteger la actividad productiva y social de la cooperativa y sus agremiados y contra ella la viuda del antiguo propietario de dichos bienes, Victoria Valdés Cacho, interpuso un amparo que fue concedido por un juzgado federal en materia administrativa, el cual quedó sin efecto.
Al impugnar la resolución, el asunto fue revisado por un tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual confirmó la sentencia y la turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que el 17 de noviembre de 2005 declaró inconstitucional la expropiación.
El entonces jefe de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, planteó la posibilidad de buscar un cumplimiento sustituto, como el pago de una indemnización por 187 millones de pesos, al advertir que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación niega la función social que cumple la cooperativa al poner en riesgo 9 mil empleos directos y 35 mil indirectos, así como una derrama económica que implica para la ciudad de 90 millones de pesos anuales.
Sin embargo, de no abrogar el decreto expropiatorio, Ebrard hubiera incurrido en desacato.
Disposiciones sobre menores
Por otro lado, el Gobierno del Distrito Federal publicó también el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, así como de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños, mediante las cuales se le otorga la “tutela de los menores en situación de desamparo que no hayan sido acogidos por instituciones de asistencia social”.
Se precisa que la asunción de la tutela atribuida al gobierno capitalino implica la suspensión provisional de la patria potestad y la tutela ordinarias; sin embargo, “serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor y que sean beneficiosos para él”.
Con el fin de garantizar el derecho a la alimentación, salud y educación, el Gobierno del Distrito Federal, mediante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital del país, integrará a los menores a los espacios residenciales de instituciones u organizaciones civiles.