Las bases de los acuerdos no deben ser políticas, sino constitucionales, demanda
La reducción de ingresos al DF rebasa el ejercicio fiscal 2008: Bonifaz Alfonzo
La reforma partió de “hipótesis incorrectas”; se le quitarían casi $2 mil 423 millones
La controversia constitucional que prepara el Gobierno del Distrito Federal contra el decreto de reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal, por reducción de ingresos a la capital en la distribución de las participaciones federales, demostrará una afectación que rebasa el ejercicio fiscal de 2008. También precisa, en principio, cinco agravios que deberán conocer los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó en entrevista Leticia Bonifaz Alfonzo, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CJSL).
El propósito sería logar que el sistema continúe operando bajo el esquema de 2007; esto “es lo más que la Corte nos puede decir, y que el Congreso tuviera que adecuar los números para que el Distrito Federal no salga perjudicado”, no sólo en este año, sino en los subsecuentes, expresó Bonifaz.
De entrada, advierte que no hay sustento constitucional del Acuerdo de Coordinación Fiscal y lo ideal sería que se diera mediante reglas claramente establecidas. “Que no quede sujeto a cuestiones políticas y de cálculo de beneficio-perjuicio, sino que las fórmulas que se empleen y la forma en que se trabaje tengan una base constitucional clara”, por lo que no descartó –en tanto se resuelve el asunto en la Corte– plantear en el Legislativo, al menos a los diputados federales del PRD, el perjuicio para la ciudad de México y los cambios que serían convenientes.
En uno de los agravios se expresa que al modificar las reglas de distribución de los recursos federales a las entidades federativas, bajo el argumento de fortalecer el federalismo fiscal y con la afirmación de que no se afectarían los ingresos de las entidades, por lo menos el Distrito Federal sí tiene una disminución en términos reales de cerca de 2 mil 423 millones de pesos; es decir, “la reforma partió de hipótesis incorrectas”.
Y al advertir que hay una afectación con esa fórmula, se hace una prospección de lo que va a pasar en los siguientes cinco años –lo que resta de la presente administración–, para hacer notar a a los ministros que se causará un perjuicio muy importante.
“Todo el esquema de coordinación fiscal ya venía dado desde hace muchísimos años de manera natural, mucho antes de que cambiaran todos los equilibrios políticos actuales; es decir, de cuando todos los gobernadores pertenecían al mismo partido, donde la coordinación fiscal se determinaba de manera vertical y no había una colaboración, aunque de hecho hay una regla en la ley que obliga a la participación de todos en la toma de decisiones, el cual no se respetó”.
Otro agravio es que ni la Secretaría de Hacienda ni la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales convocaron, como precisamente marca la Ley de Coordinación Fiscal, a la reunión de funcionarios del sistema de coordinación en la materia para modificar las reglas de participación de los ingresos federales.
“Detectamos que todo el esquema de coordinación fiscal carece de una base constitucional, que ha sido un acuerdo entre los estados. El Distrito Federal nunca lo manifestó expresamente porque esto viene desde que era un departamento administrativo, pero hemos participado y, de manera tácita, hemos expresado la voluntad de seguir en este pacto; pero una cosa es participar en un pacto y otra que cambien las reglas sin tu consentimiento y que tengas que aceptarlas. La máxima es que ‘los pactos deben ser cumplidos’, pero si se cumplen las condiciones se mantienen, y si cambian es distinto”, señaló, y por ello se pretende que se apliquen las reglas que operaron en 2007.