Admite el ex coronel Jarbas Passarinho que Brasil participó en la Operación Cóndor
Ordena la justicia detener a 2 guardacostas por el asesinato de un ex oficial argentino
Fue ultimado dos días antes de ser sentenciado por el robo de bebés de mujeres disidentes
Por encubrimiento también fueron encausados la esposa de Héctor Febres y sus dos hijos
Buenos Aires, 4 de enero. El Poder Judicial argentino dio curso a una acusación contra dos guardacostas por el homicidio de un alto oficial retirado, Héctor Febres, quien fue asesinado dos días antes de ser sentenciado por su participación en torturas y delitos como el robo de bebés a mujeres disidentes durante la dictadura (1976-1983).
Febres, quien tenía 66 años en el momento de su muerte, fue hallado sin vida el pasado 11 de diciembre dentro de un departamento confinado en la prefectura naval, el servicio argentino de guardacostas. El militar retirado tenía trazas de cianuro en su organismo, lo que motivó el inicio de una investigación.
Bajo los cargos de “homicidio triplemente agravado”, la jueza federal Sandra Arroyo ordenó el procesamiento de los oficiales de la prefectura Angel Volpi y Rubén Iglesias. Por encubrimiento, también fueron encausados la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos Héctor y Sonia.
“Los oficiales tuvieron que ver con el homicidio, según la jueza federal. Y es tremendamente grave porque quienes tenían que asegurar que Febres llegara con vida a escuchar la sentencia no lo hicieron”, dijo en conferencia de prensa Enrique Fukman, sobreviviente de una de las mazmorras dictatoriales ubicada en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde Febres se ocupaba de la maternidad clandestina.
Organismos de derechos humanos calculan que unos 500 bebés nacieron en cautiverio o fueron arrancados de las manos de sus padres detenidos desaparecidos, pero sólo 88 han podido ser restituidos a sus familias de sangre.
Una fuente judicial afirmó que existen sospechas de que Febres estaba a punto de hacer revelaciones sobre casos de robo de bebés ocurridos durante el régimen dictatorial y que eso condujo a su asesinato.
El homicidio de Febres tiene la aparente intención de golpear la política de enjuiciamiento de militares y policías de la dictadura que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner y que ahora pretende continuar su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner.
Otro incidente relacionado con el objetivo de desviar la acción judicial fue la desaparición de un anciano albañil testigo del genocidio, hace 15 meses.
El 21 de diciembre pasado, otro militar acusado de ser corresponsable de crímenes cometidos durante la dictadura murió en un hospital castrense en Buenos Aires. Santiago Hoya, de 83 años, ex integrante del Batallón 601 de inteligencia del ejército, apareció muerto en el nosocomio donde le realizaban estudios médicos.
Su deceso se debió a un ataque cardiaco, según la versión oficial, pero un juez federal ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas del deceso. El militar purgaba una pena de 25 años y fue sentenciado al mismo tiempo que el ex jefe del ejército Cristino Nicolaides.
En Río de Janeiro, mientras tanto, el coronel retirado Jarbas Passarinho, ex ministro del régimen militar (1964-1985), confirmó hoy por primera vez que Brasil participó en la Operación Cóndor, una red regional de represión a opositores organizada por las dictaduras sudamericanas.
“Nosotros deteníamos (a disidentes extranjeros) y los mandábamos de vuelta (a sus países de origen)”, dijo Passarinho en entrevista publicada hoy por el periódico Folha de Sao Paulo. El militar fue ministro de tres de los cinco presidentes militares que tuvo Brasil durante la dictadura.
Passarinho dijo que el envío de los disidentes reclamados por otros gobiernos no constituía delito alguno y que el régimen brasileño suponía que aquellos serían juzgados en sus naciones de origen.
Al menos 11 civiles y militares brasileños son investigados por un tribunal de Roma por la desaparición en Argentina, después de haber sido detenidos en Brasil, de los italoargentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas. Ese tribunal romano se propone juzgar a unos 140 militares y civiles sudamericanos supuestamente involucrados en la desaparición de 25 italianos.
Ningún militar fue sancionado en Brasil por los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que quedaron amparados por la ley de amnistía de 1979. El caso de Campiglia y Viñas abre una brecha para fincar cargos judiciales porque su desaparición ocurrió en 1980.