SEP-Copaes: ¿evaluaciones compulsivas sin impacto?
El especialista Ángel Díaz Barriga levantó un primer inventario de los múltiples datos que genera el exceso evaluatorio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que poco se utilizan para lo que, a decir del subsecretario competente Rodolfo Tuirán, están supuestamente diseñados: mejorar la calidad educativa.
La fiebre –iniciada con Salinas-Zedillo e increíblemente profundizada por el “cambio” de Fox y ahora continuada por Calderón– ya dispone de evaluaciones del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la acreditación de programas de estudio vía los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y el Programa Nacional de Posgrados del Conacyt.
Hay que agregar las evaluaciones del Programa de Carrera Docente (Estímulos al Desempeño Académico), del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep).
Pero además de lo cara, en el desenvolvimiento de la fiebre los criterios que establecen los CIEES para evaluar el programa de estudios de cualquier universidad no son los que utiliza el Copaes para acreditar el mismo programa. Por su parte, las instituciones de educación superior llenan formatos –con cerca de 300 indicadores– para concursar por los recursos del PIFI que no sirven para el Programa Nacional de Posgrado del Conacyt.
Esta fiebre coloca a las instituciones de educación superior en una dinámica “de llenado de formatos”, a los docentes en una situación de “tensión”, sin que nunca se acabe de saber –bien a bien– que es lo que realmente aprendieron los estudiantes.
La información resultante no alimenta el corazón de la práctica docente: la relación maestro-alumno, pero es requerida sistemáticamente por la SEP como condicionante de los recursos que reciben las instituciones.
Y, como si no fuera suficiente, la profusa tarea evaluadora ha terminado por constituirse en el “eje” de las “políticas” de muchos administradores de las universidades; “políticas” que, invariablemente, los enfrentan con los que alguna vez fueron sus “colegas”. Y es que, ahora, ellos han mudado a una nueva piel: la de una suerte de (muy bien remunerados) comisarios de “tiempo completo” que –ignorando deliberadamente la autonomía– representan localmente a un difuso y evanescente “patrón” llamado “la SEP”.
No es casual que frente a la antigüedad (1950) y membresía de la ANUIES (145 universidades), el recién nacido Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) que integran 16 instituciones, declare que su misión consiste en construir una “sólida alianza de calidad por la educación superior”. De acuerdo a los CIEES, en el periodo 1991-2007 (julio) se evaluaron más de 3 mil 300 programas académicos, generando 5 mil informes de evaluación y emitiendo más de ¡82 mil! recomendaciones para “mejorar o asegurar la calidad” de los programas. Por su parte, el Copaes ostenta haber acreditado mil 268 programas académicos (junio, 2007).
El primer informe de labores del doctor Córdova Villalobos, desde la Ssa, reporta ¡93! escuelas y facultades de medicina (julio, 2007) de las cuales 43 acreditaron y reacreditaron sus planes y programas de estudio.
Sin embargo, la voz más autorizada: la de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) consigna 41 instituciones acreditadas (15 de octubre de 2007), el Copaes 42 acreditaciones (31 de agosto) a cargo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem), mismo que presume (noviembre 2007) los mismos 41 programas acreditados que ya ostentaba en diciembre de 2006 y “verifica” los programas de los afiliados a la AMFEM.
Y de cara a todo este exceso evaluatorio, ¿ha mejorado en algo la educación médica? Claro que ¡no!, ante la demanda imparable para cursar la licenciatura en medicina de las universidades de Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Veracruzana, del estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Guadalajara, Baja California, Nayarit, Benito Juárez de Oaxaca, Chapingo, ENEP-Aragón, entre otras, la información disponible (6 de noviembre de 2007) del Observatorio Laboral de la STPS, confirma que –con una matrícula de 97 mil inscritos y un egreso de 11 mil 500 por ciclo– 35 de cada 100 egresados son mujeres, 39 de cada 100 trabajan en la zona centro del país y ganan apenas 10 mil pesos mensuales. ¿Cuál mejora?
Aunque, eso sí, la corrupción campea por doquier. El 6 de septiembre explotó públicamente el más que sonoro rumor sobre las irregularidades en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM): la Ssa –que heredó Julio Frenk– lo suspendió al detectarse una presunta venta ilegal del mismo. Pero todavía un mes antes, el informe: Salud México 2006 –también de la era Frenk– se atrevió a sostener que “el proceso de selección de aspirantes ha mejorado y se ha tornado más riguroso, actualmente se trata de un proceso transparente, profesional, seguro, equitativo y justo” (p.159).
Así que la continuidad calderonista sigue extendiendo, a peor, los de por sí huecos programas foxistas.
¿Qué sucede con todo este exceso de resultados de la fiebre evaluadora de la SEP? Como indica Díaz Barriga: “se tiran a la basura: no existe un sistema de evaluación coherente”, pero el subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, lo exije –aunque no aumenten los presupuestos para las instituciones de educación superior– y él siga repitiendo hasta el cansancio que, sin que el Estado renuncie a financiarlas, ellas deben “buscar nuevas alternativas”: vender servicios y recurrir a los gobiernos locales.
* Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco