Se multiplican abusos contra indocumentados
Abogado con 25 años de experiencia en la defensa de migrantes en California, Jan Joseph Béjar advierte que los oficiales del Servicio de Inmigración en Estados Unidos están violando con mayor frecuencia los derechos constitucionales elementales de las personas, al obligarlas a firmar su “salida voluntaria” bajo amenazas, como la de perder a sus hijos e incluso ser golpeadas.
La situación es tan grave, que recomienda a los connacionales estar preparados “como para su funeral” y tener listos en todo momento sus documentos y asesoría legal.
Béjar es originario del Distrito Federal y desde hace varias décadas emigró junto con su familia a San Diego, California. En su despacho atiende entre 300 y 500 casos cada año. Además, imparte clases de derecho y migración en la Universidad de San Diego.
El abogado explica, en entrevista telefónica, que la agudización del clima antimigrante ha provocado que los oficiales del Servicio de Inmigración estén “envalentonados” y pasen por alto que las personas, residentes o no, tienen derecho a no autoincriminarse, a no ser señalados con base en su aspecto ni a ser obligados a firmar su “salida voluntaria” bajo amenazas.
Con esas prácticas violatorias de la Constitución, dijo, el gobierno estadunidense se está ahorrando mucho dinero, porque evita llevar a los indocumentados ante un juez y gastar en abogados y procesos largos. “La política consiste en tratar de sacar a la gente lo más rápido posible”, afirma.
Hay que conocer los derechos, sostiene el abogado
Pero con su experiencia en la materia, dice que si las personas conocieran sus derechos podrían defenderse y ganar sus casos.
Mencionó el de un mexicano que tras siete años de librar una batalla jurídica logró que le concedieran la residencia. Un juez determinó que fue víctima de discriminación racial por agentes de Inmigración, quienes le exigieron, cuando viajaba en un autobús, comprobar su nacionalidad, debido a su aspecto latino.
Pero son pocos los que se defienden. La mayoría, afirma, acepta la deportación cuando recibe amenazas de los oficiales, que además gozan de impunidad porque no son denunciados aún cuando estén violando los preceptos legales de su país.
Por eso sugiere que los migrantes estén prevenidos y conozcan sus derechos, “que no le tengan miedo al gobierno, que den la pelea para poder hablar con un juez y con el consulado antes de firmar cualquier papel”.
Explicó que en todos los estados hay abogados y organizaciones que están dispuestas a brindar asesoría legal antes de las deportaciones y en el momento en que éstas se pretendan realizar.
Sin embargo, aseveró Joseph Béjar, este problema también puede ser de índole económica, porque si bien hay algunos procesos que cuestan unos cientos de dólares, hay otros que pueden significar miles para los indocumentados y sus familias.