Las exequias se realizaron casi un mes después de que fueron ultimados en Ohio
Sepultan en SLP a cuatro indocumentados
San Luis Potosí, SLP, 4 de enero. Después de casi un mes de su asesinato, en Ohio, Estados Unidos, los cuerpos de cuatro migrantes llegaron a su natal San Luis Potosí para ser sepultados por familiares.
Desconsolados y con preguntas sin resolver, como las causas que originaron la muerte de sus paisanos, los habitantes de la comunidad El Zacatón, municipio de Villa de Ramos, dieron el último adiós a los cuerpos, que fueron llevados a la comunidad la tarde del miércoles.
Desde temprano, los lugareños se dieron cita en las casas de los familiares de Manuel y José de Jesús Dávila Dueñas, Lino Guardado Dávila y Conrado López Guardado, quienes fueron ultimados en el condado de Hamilton, Cincinnati, estado de Ohio. La comunidad reprochó la muerte de los migrantes, al tiempo que los despidió tras velarlos en la capilla local.
El 9 de diciembre de 2007 los cuerpos de los migrantes fueron localizados en su departamento con visibles huellas de tortura, según el reporte de autoridades estadunidenses. Algunos presentaban puñaladas.
El 20 de diciembre la Secretaría de Relaciones Exteriores exigió al gobierno de Estados Unidos esclarecer el crimen de los cuatro albañiles y solicitó una “amplia” investigación de lo sucedido para identificar a los presuntos responsables del multihomicidio.
Desde entonces, el gobierno potosino dijo que haría los trámites para la repatriación de los cuerpos, lo cual se concretó hasta el 2 de enero.
Marcelo de los Santos Fraga, gobernador del estado, informó el jueves que dos de los cuerpos habían llegado el miércoles a Zacatecas, vía aérea. El gobierno estatal anunció que entregaría 12 mil pesos a cada deudo, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseguró que intervendrá en el caso hasta que exista una denuncia formal de los familiares.
González Vega, titular de la CEDH, indicó que el caso es competencia del Instituto Nacional de Migración, por lo que se debería cuestionar sobre el tema a la delegada federal Elodia Gutiérrez Estrada, así como al director del Instituto del Migrante, Víctor Torres Guerra. “Yo no sé quiénes son los familiares ni dónde viven, cómo saco una queja”, dijo.