Editorial

TLCAN: falta de voluntad política

La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye la apertura indiscriminada de las fronteras y la eliminación de aranceles a productos agrícolas extranjeros, en particular maíz y frijol, propició muestras de repudio, pues se considera un golpe mortal para el campo mexicano y quienes dependen de él, y un revés severo a la economía popular, al colocarla a merced de los especuladores. Al respecto, desde distintos sectores de la sociedad mexicana se ha advertido sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión del acuerdo comercial desde el punto de vista jurídico.

Ante la actitud indolente y silenciosa de la actual administración para revertir una circunstancia claramente desventajosa para los campesinos y, por ende, el país entero, diputados de PRD y PRI habían acordado presentar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a revisar y renegociar el TLCAN, con lo que se pretendía prevenir una escalada en las protestas sociales y desactivar el bloqueo que organizaciones campesinas mantenían en un cruce fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, a última hora los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión matizaron su petición: se limitaron a advertir al Ejecutivo, como si fuese necesario, sobre la situación de riesgo nacional que implica la crisis del campo y solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con organizaciones campesinas para determinar la pertinencia de dicha revisión, algo que podría congelar indefinidamente la discusión.

No deja de sorprender que los legisladores hayan reculado en un tema cuyo carácter nocivo para el interés nacional está fuera de duda. En días recientes, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, afirmó que existe una “coincidencia generalizada” entre mandatarios estatales para pronunciarse por el análisis y revisión del acuerdo comercial ante el riesgo social que implica. Asimismo, especialistas en materia jurídica señalaron que existe factibilidad legal de renegociar el convenio, pues viola varios artículos de la Constitución. Es decir, parecía haber por lo menos intención política de gobernadores y argumentos legales de peso para poner en marcha y sustentar una revisión a fondo del TLCAN.

Por lo demás, la actitud de los legisladores reviste irresponsabilidad y evidencia carencia de visión estratégica, en un contexto en que el descontento social generado por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del acuerdo ha ascendido en meses recientes y amenaza con derivar en un escenario de conflicto generalizado, según señalan varios analistas y apunta el propio Cárdenas Batel. Congelar la discusión del tema en el Congreso sólo acrecienta la posibilidad de que el descontento social –que debiera ser expresado por los representantes populares– se traslade a las calles.

La actitud de los legisladores demuestra una forma de ser de la clase política, que actúa al margen de las necesidades de la población en momentos claves para el país. Se confirma, además, su falta de voluntad para atender un problema de cuya resolución depende la supervivencia de millones de familias campesinas.