La suspensión del diálogo EZLN-gobierno
El primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a la insurrección mediante una declaración de guerra al Ejército Mexicano y la ocupación militar de varios municipios, levantando las banderas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo modelo de nación.
La amenaza de una desestabilización generalizada movilizó a amplios sectores sociales, lo que obligó a los contendientes a suspender los enfrentamientos militares y reunirse a dialogar, por primera ocasión en la catedral de San Cristóbal de las Casas, en un proceso que ha resultado difícil y hasta contradictorio.
Siendo presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, se produjeron acercamientos iniciales entre funcionarios del Poder Ejecutivo federal y la dirigencia del EZLN, mismos que fueron cancelados abruptamente el 9 de febrero de 1995, cuando se expidieron órdenes de aprehensión contra la dirigencia de los insurgentes.
Esta decisión del Poder Ejecutivo desató una grave crisis que sólo pudo superarse mediante la intervención del Poder Legislativo federal, que el 10 de abril de 1995 aprobó unánimemente la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, que contiene una estrategia propiciatoria del entendimiento entre las partes, reafirma la soberanía entre poderes y resuelve jurídicamente el tema de las órdenes de aprehensión.
De hecho, y con el respaldo de todas las instituciones y partidos políticos, esta ley resultó la plataforma para estructurar el proceso de diálogo y pacificación entre el gobierno federal y el EZLN, de abril de 1995 a septiembre de 1996.
La agenda de ese proceso, aprobada conjuntamente, incluía los siguientes temas: derechos y cultura indígenas, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, reconciliación en Chiapas y derechos de la mujer, dejando al final la cancelación de la declaratoria de guerra y el acuerdo de paz definitivo. Para el desahogo de cada tema, se acordó un método de trabajo que permitía la celebración de acercamientos y consultas entre las delegaciones de cada una de las partes y sus respectivas instancias de dirección.
El 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larráinzar se firmó el primer acuerdo parcial, en el tema de Derechos y Cultura Indígenas, después de un intenso y promisorio proceso de diálogo y negociación.
En esta etapa, la relación entre el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue de cercanía, cordialidad y confianza, lo que propició la creación de una estrategia denominada Vía paralela, la cual consistió en aparejar al proceso de diálogo, un mecanismo de interlocución entre el EZLN y el gobierno federal, donde mediante documentos ciegos, es decir, textos de compromiso político entre las partes, el presidente de la República y el subcomandante Marcos, mandatado por la comandancia zapatista, buscaban por la vía de la Cocopa acelerar el proceso de paz.
El segundo tema agendado fue Democracia y justicia, cuyo desarrollo contrastó con el anterior; la parte gubernamental mantuvo una negativa permanente a manifestar su postura en las mesas instaladas, actitud que difería totalmente de las intenciones declaradas por el presidente de la República a la Cocopa.
Ante el fracaso de esta mesa y la dilación para concretar los primeros acuerdos, en agosto de 1996 el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto no se cumpliera lo pactado en materia de Derechos y Cultura Indígenas.
Para superar esa crisis y contando con el apoyo de las respectivas direcciones partidarias y con el acuerdo de las partes, los integrantes de la Cocopa elaboraron la Iniciativa de modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígena en noviembre de 1996.