Uso discrecional de fondos en el INM, denuncia ONG
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha ejercido su presupuesto de manera discrecional, especialmente en las 48 estaciones migratorias que operan en el país, toda vez que los recursos no están etiquetados de acuerdo con las necesidades prioritarias para el funcionamiento de estos inmuebles.
Un análisis del grupo civil Sin Fronteras concluye que no hay recursos para garantizar el acceso de los indocumentados a la traducción de los procedimientos en una lengua que entiendan; tampoco para tratar a los migrantes con necesidades especiales (enfermos o discapacitados) o para proporcionarles servicios de recreación, especialmente a niños y adolescentes.
Tampoco se destinan fondos suficientes para garantizar el cabal acceso al derecho de la salud.
El informe de Sin Fronteras (emitido el mes pasado) se elaboró con base en el ejercicio presupuestal del INM en 2006, principalmente en las estaciones migratorias de Tapachula y el Distrito Federal, donde son retenidos miles de indocumentados, regularmente con fines de expulsión.
Para el año que inicia, la Secretaría de Gobernación solicitó para el INM una ampliación presupuestal de cerca de 600 millones de pesos, al pasar de una base de mil 300 millones (en 2007) a poco más de mil 900 millones. Aun no se ha hecho pública la forma en que será distribuido ese monto, el cual fue aprobado por los legisladores. En el documento base del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, el Ejecutivo argumenta que el objetivo para este sector es simplificar y desregular los trámites en materia de flujos migratorios.
El análisis del presupuesto en estaciones migratorias –difundido por Sin Fronteras– busca indagar si las diversas violaciones a los derechos humanos de los asegurados y el mal funcionamiento de dichos centros responden a un problema de escasez de recursos económicos o a falta de volutad política para respetar las garantías básicas de los indocumentados.
Las conclusiones de esta organización civil, parciales por el momento, advierten que en actividades donde sí tienen presupuesto asignado, “no presentan un nivel óptimo de cumplimiento”, como la poca eficiencia de los convenios con la Secretaría de Salud, sobre todo en casos de emergencia. Como se ha difundido, no todas las estaciones cuentan con consultorios, enfermería o medicamentos suficientes.
En el momento de la investigación, el INM sólo destinaba 0.009 por ciento (aproximadamente 2 mil 644 pesos al año) para servicio telefónico convencional. Y, como se ha destacado en otros reportes de Sin Fronteras, el alojamiento no ocurre en condiciones dignas, aun cuando hay presupuesto para la limpieza de tales lugares. No sólo dicho organismo ha denunciado el nivel deficiente de algunos aspectos operativos de las estaciones migratorias. Durante 2007, tales rezagos derivaron en seis recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al INM.
En tales recomendaciones se incluyen casos como la expulsión de una mujer hondureña y su hija recién nacida en territorio mexicano (en septiembre pasado); la realización –en la estación de Saltillo– de examen con hisopo rectal, con “tratos degradantes“, según concluyó la CNDH, y reclusión en condiciones de hacinamiento en cárceles, inclusive.