La querella tiene su origen en la reforma electoral

Demandan a Zavaleta por falsedad en declaración

Convergencia: la primera audiencia será en febrero

Elizabeth Velasco C.

Guillermo Garduño, secretario particular del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado, presentó una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta Salgado, por incurrir “en falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad”.

En la demanda, cuya copia tiene La Jornada, Garduño refiere que optó por ese recurso luego que fue aceptado un juicio de garantías en el juzgado decimotercero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, el pasado 5 de diciembre, en contra de Zavaleta, por la “inconstitucionalidad de la convocatoria (que emitió y suscribió la perredista) para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)”.

En el documento dirigido al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, Garduño argumenta que Zavaleta, en sus informes previos y justificados ante el Ministerio Público en las audiencias incidental y constitucional del 10 y 24 de diciembre pasado, “negó la existencia del acto reclamado”, esto a pesar de que “al desahogarse la primera audiencia incidental, el órgano jurisdiccional tuvo por cierto el acto reclamado”.

Con ello, asegura, la diputada del Partido de la Revolución Democrática incurrió en “responsabilidades penales”, conforme a lo que señala el artículo 247 del Código Penal Federal, fracción V, en la que “se tipifica como delito la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, cuando en juicio de amparo se rindan o negare la verdad en todo o en parte”.

Inclusive, arguye Garduño, las negativas de Zavaleta en sus informes previo y justificado, “podrían configurar también el delito de violación a las garantías constitucionales en mi perjuicio, puesto que el artículo 364 del Código Penal Federal, en su fracción II, establece: ‘se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa: al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos por la Constitución General de la República en favor de las personas’”.

El vocero de ese partido, Luis Gutiérrez, destacó que aunque “la acción de inconstitucionalidad que presentó Convergencia en diciembre último contra la reforma electoral fue desechada inicialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, el juicio de garantías que “en su carácter de ciudadano mexicano” promovió Garduño, “sí fue admitido”. Dicho recurso, destacó, fue en contra de la “propia reforma electoral, pero impugnando la convocatoria para la renovación de los consejeros del IFE, porque emana de un procedimiento viciado de origen”.

El amparo contra la perredista involucra también a la Junta de Coordinación Política. Gutiérrez señaló que la audiencia correspondiente se efectuará en la primera semana de febrero en el juzgado ya citado. De concederse el amparo a Garduño –destacó Gutiérrez– las consecuencias podrían ser que la Corte aceptase que la convocatoria para la renovación de los consejeros del IFE es inconstitucional y, por tanto, quedaría sin efecto la actual, pues emanó de una reforma electoral en la que no se respetaron las formalidades del procedimiento.