Industriales, obligados a verificar si empleados pueden laborar de manera legal en EU
Endurecen ley contra migrantes en Arizona; castigos a patrones
Autoridades podrán cerrar empresas que incurran en dos violaciones a la norma en tres años
Grupos pro derechos civiles advierten que la disposición “conducirá a la discriminación”
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Centro de detención de indocumentados en Santa Bárbara, California
Foto: Reuters
Phoenix, 1º de enero. En el estado de Arizona entró en vigor hoy una nueva ley antimigrante que obliga a los patrones a verificar si sus empleados están autorizados para trabajar de manera legal en Estados Unidos.
La medida obligará, a partir de este martes, a las 150 mil empresas o negocios registrados en Arizona a utilizar el programa federal de verificación electrónica conocido como E-Verify para cerciorarse de la legalidad laboral de cada empleado.
La ley impone sanciones más fuertes que las establecidas por el gobierno federal a quienes contraten de manera consciente a indocumentados, al amenazar con cerrar las empresas que incurran en dos violaciones en tres años.
El nuevo estatuto entra en vigor tras haber superado dos demandas en las cortes, interpuestas por grupos defensores de los derechos civiles, para tratar de frenar sus efectos.
Estas agrupaciones consideran que la ley “castiga” a los negocios al obligarlos a verificar la autorización de empleo de las personas.
Varios estados han aprobado leyes que sancionan a los empleadores de indocumentados, pero la norma de Arizona es la única que impone a todos los patrones utilizar el sistema E-Verify, que a escala federal continúa siendo voluntario.
La obligatoriedad de usar el programa coloca a Arizona en la cima de las entidades con sanciones a patrones que den trabajo a indocumentados.
A pesar del carácter obligatorio, el periódico The Arizona Republic, de Phoenix, informó que hasta el pasado viernes 9 mil 62 empresarios del estado se habían inscrito en el plan.
La cifra representa 6.0 por ciento del total –150 mil– de empleadores registrados.
De acuerdo con el diario, “algunos aún desconocen la ley, otros la han postergado y otros más planean utilizar otros servicios para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores”.
Varios más esperan inscribirse en el programa hasta que necesiten contratar nuevo personal.
La ley, conocida como Acta de los trabajadores de Arizona, no contempla, a pesar de la obligatoriedad, sanciones contra aquellos que decidan no inscribirse en el programa.
Sin embargo, los empleadores que lo utilicen tendrán un fuerte argumento para defenderse de acusaciones de que de manera intencional daban trabajo a indocumentados.
“Si lo usas, tendrás evidencia o argumento de que el empleado está legalmente autorizado para trabajar”, manifestó Jay Zweig, abogado laboral de Phoenix, quien asesora a los empresarios sobre la nueva disposición.
Andrew Thomas, procurador del condado de Maricopa, que comprende el área metropolitana de Phoenix, dijo que comenzará a investigar quejas de contratación ilegal de trabajadores de manera inmediata.
Las autoridades enfrentarán el reto de demostrar que los patrones contrataron de manera consciente a indocumentados.
Una coalición de organizaciones de derechos civiles, integrada por la Unión de Libertades Civiles de América, el Fondo para la Defensa y Educación del México-Americano y el Centro Nacional de Ley de Inmigración, trató sin éxito de frenar la nueva norma.
La coalición ha advertido que la disposición conducirá a la discriminación de trabajadores “que sean percibidos como extranjeros”.