Buscarán transparentar el proceso de discusión, tras críticas por el caso Lydia Cacho
La despenalización del aborto, tema que pondrá a prueba credibilidad de la Corte
Para que la norma respectiva siga vigente se requiere del voto en favor de cuatro ministros
Otro asunto polémico que deberá resolver es el de los amparos interpuestos por burócratas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá este año una serie de asuntos en los que de nueva cuenta pondrá a prueba su credibilidad y tratará de recuperar la confianza de los sectores de la sociedad que se sintieron defraudados con el dictamen del máximo tribunal que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de haber violado gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
De acuerdo con fuentes judiciales, el asunto que llamará más la atención, al menos en las primeras semanas de este 2008, será el que tiene que ver con las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma legal que despenalizó el aborto en el Distrito Federal, asunto en el que se requiere de únicamente cuatro votos en favor de dicha legislación para que ésta siga vigente.
Los otros temas que serán motivo de la atención pública en los meses siguientes son: la revisión de los miles de amparos interpuestos en contra de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Convergencia en contra de la reforma electoral publicada el 13 de noviembre pasado (aunque cabe la posibilidad de que alguno de los recursos interpuestos por la cúpula empresarial también pudieran llegar a la Corte, en contra de la misma ley), así como los amparos de las más grandes empresas en el país (nacionales y extranjeras) en contra del impuesto sobre la renta que tiene que ver con los paraísos fiscales, entre otras.
Por lo que respecta a la despenalización del aborto, a pesar de lo controvertida que será la resolución, cabe señalar que afortunadamente para los que apoyan dicha ley, para declarar la nulidad de una norma impugnada se requiere de al menos ocho votos de los ministros de la SCJN, por lo que en este caso se necesitará únicamente de que cuatro avalen la legislación capitalina para que ésta se siga aplicando.
Andanada de documentos y testimonios
Trascendió que los ministros se preparan para recibir una andanada de documentos, testimonios, pruebas, además de manifestaciones públicas de los sectores que apoyan, pero también de los que están en contra de que la legislación capitalina no sólo permita la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sino que además los servicios públicos de salud del Distrito Federal estén obligados a practicar los abortos.
Después de las fuertes críticas recibidas por el caso Lydia Cacho, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, instruyó a sus más cercanos colaboradores para que elaboren una estrategia mediática que “transparente” todo el proceso de discusión del dictamen que presentará ante el pleno Sergio Salvador Aguirre Anguiano; esto, confiaron funcionarios consultados, para evitar en lo posible nuevas manifestaciones de repudio a sus resoluciones.
Adelantaron los informantes que en este mes se llevarán a cabo una serie de audiencias públicas en las que las partes involucradas y los terceros interesados en el tema podrán participar abiertamente ante los integrantes de la SCJN, además de audiencias en las que especialistas en la materia resolverán las dudas que los ministros tengan sobre el tema.
Todas estas acciones, comentaron los informantes, pretenden disminuir la presión que ejercerán distintos grupos para convencer a los integrantes de la SCJN al tomar su decisión, en la que se evidenciará una vez más cuáles ministros representan una postura más abierta y de avanzada (que votarán en favor de la reforma capitalina) y cuáles responden a criterios conservadores y de apoyo a la postura del gobierno federal (representado en este caso por la PGR).