Usted está aquí: miércoles 2 de enero de 2008 Política Clero y políticos, preocupados por el capítulo agropecuario del TLCAN

PRD, PT y Convergencia dudan que gobernadores de PRI y AN quieran la renegociación

Clero y políticos, preocupados por el capítulo agropecuario del TLCAN

Subraya la Arquidiócesis la desventaja de productores nacionales frente a los estadunidenses

Alma E. Muñoz, Carolina Gómez, Enrique Méndez, reporteros, y Martín Diego, corresponsal

A unas horas de haber entrado en vigor la liberalización total en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), políticos y clérigos manifestaron su preocupación. El aspirante a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas, consideró que con la apertura a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar se evidenciará la “enorme asimetría entre las economías de los países” asociados en este acuerdo, y la discrecionalidad con la que Estados Unidos, México y Canadá subsidian a sus productores agrícolas. En tanto que diputados perredistas y de los partidos del Trabajo y Convergencia expresaron sus dudas respecto de que gobernadores de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) formen parte del grupo que exigirá que se revise el capítulo agropecuario del acuerdo.

Por su parte, la Arquidiócesis de México expresó que “está preocupada por los efectos que pueda traer consigo el capítulo agropecuario” del tratado, el cual elimina impuestos a la importación de dichos productos, debido a que la producción de estos alimentos básicos “es subsidiada en Estados Unidos, lo que pone en desventaja a los productores mexicanos”.

En un análisis al respecto, Encinas afirmó que la apertura redundará en el incremento de la desigualdad y en una mayor brecha económica que, “lejos de integrar a los países de la región, los divide”.

Cuestionó que a 14 años de la entrada en vigor del TLCAN se incubara la “falsa ilusión” de que la firma del acuerdo conduciría de lleno a México al primer mundo, a épocas de bonanza en la economía, los negocios y en la calidad de vida.

Pero con la apertura comercial, en realidad el gobierno mexicano “privatizó el patrimonio del país y, si bien en los primeros años se produjo un crecimiento en las exportaciones, se crearon nuevos negocios, se abatió la inflación y se redujo el déficit fiscal, el paso de los años y un mercado voraz y desigual llevaron a la quiebra a miles de negocios, al abandono del campo y a la pérdida de empleos, lo que redujo los ritmos de crecimiento económico esperados e incrementó la migración y la concentración del ingreso”, sostuvo el economista.

El propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido en su informe de octubre pasado, recordó, que la apertura comercial no generó los beneficios que se esperaban para México. Incluso, resaltó, el Banco Mundial ha señalado que, si bien el comercio duplicó su participación en el producto interno bruto, al igual que la inversión extranjera directa, “los salarios reales cayeron y la pobreza se incrementó”.

En tanto, legisladores de PRD, PT y Convergencia recordaron que los diputados de PRI y PAN se negaron, en el periodo de sesiones pasado, a incluir un artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2008, en el cual se exigiera al gobierno de Felipe Calderón tomar medidas para evitar la quiebra de los productores mexicanos, por lo que manifestaron sus dudas para que los gobernadores de estos partidos se sumen a la propuesta difundida el domingo por el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel al respecto, misma que sí será respaldada por la bancada del sol azteca.

El perredista Humberto Zazueta recordó que en la sesión del 18 de octubre, los coordinadores del tricolor y del albiazul, Emilio Gamboa Patrón y Héctor Larios Córdoba, respectivamente, se negaron a cumplir un acuerdo adoptado en la Junta de Coordinación Política para incluir un transitorio.

La propuesta planteaba que el gobierno debía establecer “a partir del primero de enero de 2008, un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de esos productos, a efecto de proteger la producción interna y el empleo rural, reducir la emigración, asegurar el abasto nacional y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población”.

No obstante, la mayoría priísta y panista rechazó aprobar el artículo que habría facultado a Felipe Calderón, con base en el artículo 131 constitucional, a aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, dijo.

Por su parte, la Arquidiócesis de México apuntó que en comparación con el agro estadunidense, el campo nacional “no ha tenido la atención y el apoyo que merece desde varios años, por lo que es evidente que muchos productores se verán en serios apuros para hacer que sus productos compitan con equidad, lo que puede llevar a que gran número de agricultores abandonen sus tierras”.

En tanto que el arzobispo metropolitano de León, Guanajuato, José Guadalupe Martín Rábago, consideró que la eliminación de aranceles a productos del campo mexicano ha generado “un incierto porvenir” que promoverá inequidad, pobreza y migración.

 
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