Sólo falta voluntad política del gobierno, afirman
El tratado es absolutamente renegociable: líderes campesinos
A pocas horas de haber entrado en vigor la apertura comercial para el maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), organizaciones campesinas sostuvieron que aún es posible renegociar el capítulo agropecuario de dicho acuerdo, pues para ello existen condiciones jurídicas, económicas y morales. Lamentaron que lo único que falta es voluntad política del gobierno federal para exigirle a los otros dos países firmantes –Estados Unidos y Canadá– un cambio de las condiciones comerciales agropecuarias.
Por separado, Isidro Pedraza Chávez, dirigente de Unidad Fuerza Indígena y Campesina y diputado perredista, así como Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, coincidieron en señalar que es totalmente posible renegociar dicho apartado, y sostuvieron sus comentarios basados en la Constitución, en criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en artículos del propio TLCAN y en disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Correa expuso que “se podría renegociar si al frente del gobierno hubiera gente comprometida con México; patriotas que no sean traidores a los intereses nacionales”, y acotó que “hay materia jurídica para ello, pues la Corte ha expresado que tiene supremacía el ordenamiento constitucional ante los tratados comerciales”.
Expuso que “los artículos 131 y 27 constitucionales dan bases jurídicas al gobierno para proteger a los productores nacionales y la producción nacional de alimentos estratégicos. El articulado del TLCAN da la oportunidad y también los acuerdos que México ha firmado en la OMC nos dan sustento jurídico para que México pueda declararse nación en vías de desarrollo y, por tanto, exigir un trato preferencial en aquellas áreas donde hay competencia desleal”.
Resaltó que la desigualdad se refleja en “los altos subsidios que canaliza Estados Unidos a sus agricultores, más de 26 mil dólares anuales a cada productor, mientras que en México los beneficiarios de los programas de Alianza para el Campo, apenas reciben 700 dólares anuales”.
En tanto, el legislador Pedraza Chávez precisó que existen bases jurídicas para renegociar en el propio TLCAN “en su artículo 2205”, y acotó que “económicamente también hay bases para ello, así como moralmente, pero lo que falta es voluntad política del gobierno federal”.
Javier López Macías, presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social expuso que existen dos caminos para enfrentar ese acuerdo: “la renegociación o construir políticas y programas de largo plazo que permitan al productor mexicano ser competitivo”. Añadió que “el presidente Felipe Calderón no puede ni debe seguir parchando los programas o las políticas públicas para que el campo mejore, pues con ese esquema no saldremos del bache”.
El diputado Pedraza sostuvo que los cuatro ofrecimientos básicos del TLCAN –crecimiento de la economía, empleo, oportunidades de comercio para los productos nacionales y el retiro de reglas fitosanitarias– “ninguno se cumplió, fueron puras falacias, porque con el TLCAN hubo más pobreza y migración, y no tenemos certeza de que ahora suceda algo diferente de lo ocurrido durante 14 años”.
Correa y Pedraza refirieron que el 31 de enero, al cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, efectuarán protestas por el manejo del agro y por los efectos del TLCAN en el campo.