Editorial
Gobierno rico, pueblo endeudado
Según el informe de Finanzas y Deuda Pública que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el débito interno del gobierno federal durante el año que termina ascendió a un billón 594 mil 500 millones de pesos (mdp), 47 mil 400 mdp más que el año anterior, en tanto que el externo llegó a 40 mil 800 millones de dólares, lo que, en conjunto, sitúa el endeudamiento total del país en 2007 por encima de los 2 billones de pesos.
El mismo documento señala que al pago de intereses y comisiones vinculados con la deuda pública se destinó 187 mil 143 mdp –es decir, 25 mil 400 mdp menos que en 2006–, mientras el gasto programable –que incluye el pago de nómina del gobierno federal– creció en 167 mil mdp, para quedar en un billón 509 mil 500 mdp, 8.2 por ciento más de lo registrado el año anterior.
La difusión de tales cifras aporta elementos de juicio preocupantes en torno al manejo de las finanzas públicas de la actual administración. En primer lugar, queda de manifiesto que de poco ha servido el proceso de conversión de deuda externa –reconocida como un factor de vulnerabilidad para la economía nacional– en interna: a fin de cuentas, el monto de esta última es absorbido casi en su totalidad por el pago de los sueldos de los servidores públicos. Asimismo, se pone en evidencia que los ahorros obtenidos por la reducción en los pagos de intereses y comisiones de la deuda pública representan una nimiedad en comparación con el incremento anual en el pago de la nómina gubernamental.
Esto último plantea a su vez dos conclusiones: que los ahorros del gobierno son sencillamente inútiles –y seguirán siéndolo en tanto persistan los elevados salarios gubernamentales–, y que la supuesta política de austeridad de la presente administración, que tanto anunció el titular del Ejecutivo federal, que consiste en reducir en 10 por ciento su salario y el de los altos funcionarios, es mera retórica.
Por lo demás, el creciente nivel de la deuda que ha adquirido el gobierno, pero que habrá de ser saldada con recursos de la población, no se ve reflejado en una mejora de los servicios públicos: por el contrario, la sociedad mexicana ha presenciado el dispendio de sus recursos en la puesta en marcha y el mantenimiento de una campaña antinarco con fines mediáticos, supuestamente orientada a mejorar las condiciones de seguridad del país, pero hasta hoy ineficaz, a juzgar por los elevados niveles de violencia que se han mantenido.
Ante este panorama, no resulta alentador que la propia SHCP estime un menor endeudamiento para 2008. Es de suponer que, al igual que este año, esos recursos serán destinados en su mayoría para pagar un gobierno caro e inoperante, y que se volverá a dejar de lado el fomento a los sectores productivos, el impulso de obras de infraestructura que generen empleo, los apoyos al campo y, en conjunto, los proyectos que beneficien realmente al país: una reducción del endeudamiento, innegablemente necesaria, debe comenzar, por tanto, con el reconocimiento de que los salarios de los altos mandos del gobierno federal son injustificables y con una voluntad real para reducirlos.
Para ello, sin embargo, se requiere de un gobierno con una verdadera vocación de austeridad y de un proyecto de país viable, algo que se antoja difícil en el seno de una administración pública como la actual, maniatada y débil de origen ante el conjunto de sus interlocutores, y consagrada al pago de facturas pendientes con sus aliados nacionales y extranjeros, aunque ello contraríe su pretendido compromiso con el conjunto de la sociedad mexicana.