Sicarios rescatan a dos heridos que eran resguardados en un hospital de Jerez
En Zacatecas mueren 7 policías en enfrentamiento con comando de Zetas
Zacatecas, Zac., 28 de diciembre. Al menos siete policías muertos —seis ministeriales y uno de tránsito— y varios heridos es el saldo de un enfrentamiento a balazos entre agentes de corporaciones de Zacatecas y un comando de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, en el municipio de Jerez, informaron fuentes oficiales.
El procurador de Justicia, Carlos Pinto Núñez, se comprometió a dar una versión oficial de los hechos; sin embargo al cierre de esta edición se encontraba reunido con mandos policiacos y del Ejército para tratar el caso.
No obstante, fuentes oficiales confirmaron que la balacera ocurrió alrededor de las 17 horas del viernes frente al hospital de especialidades local, donde convalecían tres presuntos sicarios que fueron heridos y capturados el jueves por la policía ministerial en el municipio de Tlaltenango, después de una balacera.
El comando logró rescatar a dos de los tres presuntos delincuentes custodiados en el nosocomio. Además de los siete policías muertos, otros dos habrían sido levantados por el grupo armado que logró escapar.
Las autoridades estatales aplicaron un operativo de búsqueda de los pistoleros y cerraron las principales salidas del estado. En él participan policías ministeriales, municipales de Zacatecas, Fresnillo y Jerez, y personal del Ejército, quienes resguardan las instalaciones locales de la Policía Ministerial.
En lo que va del año, al menos diez policías han muerto en enfrentamientos con grupos delictivos. Se sabe que con el reacomodo de los cárteles de drogas, comandos armados se han refugiado en Loreto, Jerez, Sombrerete y en las colindancias con Aguascalientes, Durango y Jalisco, donde se supone que actúan los narcotraficantes.
Playas de Rosarito
Diez días después del atentado a balazos contra el director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, Jorge Eduardo Montero, quien resultó ileso –murió uno de sus escoltas– y luego de asesinatos, levantones y secuestros en la región, los agentes del Ministerio Público, secretarios de acuerdos y elementos de la Policía Ministerial del estado adscritos a este municipio, fueron destituidos de sus cargos.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó el desarme de los policías municipales de Rosarito, bajo el argumento de que durante dos semanas revisará las 149 armas de cargo asignadas a la corporación.
En tanto, elementos del Ejército, y de las policías Federal Preventiva y Estatal Preventiva realizan patrullajes para suplir a los agentes municipales que acudirán –en cinco grupos de 30 elementos— al Instituto Estatal de Capacitación Policial, donde se les aplicarán pruebas de confianza, para ratificar su permanencia o, en su caso, su remoción.
Esta limpia en el personal de la Procuraduría General de Justicia de Baja California y en la Dirección de Seguridad Pública Municipal ocurre en el contexto de las amenazas de muerte que han recibido el alcalde Hugo Torres Chabert y uno de sus más cercanos colaboradores, por parte de presuntos grupos del crimen organizado que operan en esta frontera.
Estas amenazas provocaron que se intensificaran las medidas de seguridad personal del edil y de uno de sus funcionarios.
Una situación similar se vive en Tijuana, donde el secretario y el director de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella y Julián Leyzaola, respectivamente, están protegidos con un fuerte dispositivo de seguridad por parte de agentes de la Policía Estatal Preventiva.
Capella sufrió un atentado en noviembre pasado, cuando era presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado.
En el caso de Rosarito, informes de la Procuraduría estatal indican la presencia de células del cártel de los Arellano Félix. Además, en esa localidad empresarios, así como nacionles españoles, han sido secuestrados por comandos armados.
Mientras, el procurador de Justicia del Estado, Rommel Moreño, ordenó el relevo del personal de la dependencia en Rosarito, incluido el agente del Ministerio Público del Fuero Común, secretarios de Acuerdo y elementos de la Policía Ministerial. Oficialmente no se han dado los motivos de la remoción, pero se menciona la pérdida de confianza hacia los empleados y una eventual relación con integrantes del crimen organizado.
Con información de Antonio Heras