Actuaron en territorio estadunidense como agentes de Caracas, dice la acusación
Presentan ante un gran jurado en Miami cargos a cuatro venezolanos y un uruguayo
Intentaron ocultar el origen y destino de 800 mil dólares, supuestamente para Cristina Fernández
Los encausados podrían tener penas de hasta 10 años de cárcel y multas de unos 250 mil dólares
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La presidenta Cristina Fernández, ayer durante la ceremonia de graduación de cadetes en la escuela militar de El Palomar
Foto: Reuters
Miami, 20 de diciembre. Un gran jurado federal conoció hoy los cargos formales presentados contra cuatro venezolanos y un uruguayo residente en Estados Unidos por haber fungido como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela, que intentaron ocultar el origen y el destino de 800 mil dólares que supuestamente servirían para ayudar al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, quien asumió el poder hace 10 días.
Los cargos contra los cinco individuos son los mismos que el 12 de diciembre presentó un fiscal federal ante un tribunal federal de Florida, pero en esta ocasión se amplían detalles de llamadas telefónicas y hay referencias directas a la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención del gobierno de Venezuela, al Ministerio de Justicia y a la vicepresidencia.
El documento ratifica que los venezolanos Franklin Durán, de 40 años; Carlos Kauffmann, de 35; Moisés Maiónica, de 36; Antonio Jose Canchica, de 37 –todavía prófugo–, y el uruguayo Rodolfo Wanseele, de 40, actuaron en territorio estadunidense como agentes de un gobierno extranjero, sin registro legal ante Washington.
Los cinco individuos estuvieron involucrados en una serie de contactos telefónicos y reuniones cuyo objetivo fue convencer a Guido Antonini Wilson, empresario venezolano-estadunidense, de que no revelara de dónde habrían provenido los 800 mil dólares que le fueron decomisados en una aduana argentina el 4 de agosto pasado, casi un mes después de iniciada la campaña proselitista de Fernández.
Los acusados podrían ser sometidos a penas de hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 250 mil dólares. Para el 28 de diciembre se tiene prevista una nueva comparecencia en el tribunal.
Wilson, cuyo paradero se desconoce y no tiene acusaciones judiciales de las autoridades, no fue detenido ni interrogado cuando se le incautó el dinero en la aduana del aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires, pero dos días después –el 6 de agosto– realizó una visita a la sede de la presidencia argentina, la Casa Rosada, según un testimonio obtenido por una fiscal que investiga el caso en Buenos Aires.
La fiscal María Luz Rivas Diez informó a la radio local que una testigo, asistente del funcionario que había rentado el avión Cessna Citation en que llegó Antonini Wilson el 4 de agosto, vio al venezolano-estadunidense en el inmueble presidencial.
“Aparentemente estuvo con otras personas, próximas a una especie de brindis o celebración en circunstancias en que estaba, en otro despacho, firmando documentación relativa a convenios con Venezuela”, agregó la fiscal sobre los dicho por la testigo, quien también viajó en la aeronave.
El caso provocó nuevas reacciones en Argentina y Caracas, donde además los medios le han dado seguimiento continuo al llamado “escándalo de la valija”.
El gobernador del estado venezolano de Cojedes, Johny Yáñez Rangel, denunció que los tres venezolanos detenidos en Miami son objeto de un “secuestro oficial” y afirmó que mientras el juicio esté radicado en estados Unidos “nadie sabrá” el origen del dinero incautado.
Yáñez encabezó una caravana de automóviles que se presentó ante la embajada de Estados Unidos en Caracas, donde entregó un documento en que exige respeto a los venezolanos detenidos y denuncia el “terrorismo judicial” puesto en marcha.
“Kauffman fue sacado de su casa, estaba con su familia. Esto es un alerta para todos los empresarios venezolanos”, dijo el gobernador, quien se quejó además de que Washington trata de vincularlo al caso mediante la difusión de una fotografía en la que aparece al lado de Antonini.
En Venezuela, la Asamblea Nacional se unió a la Cámara de Diputados de Argentina para denunciar las acciones judiciales estadunidenses como “un plan” con fines políticos, que intenta golpear el proceso de integración latinoamericana.