Antes de Acteal
Después de la última gira de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en Chiapas, donde sus integrantes concluyeron la necesidad de establecer mecanismos de acercamiento entre los grupos que mantenían fuertes disputas en las zonas de Los Altos y Norte de Chiapas, la respuesta de la Secretaría de Gobernación fue lapidaria y cortante: “La Cocopa no puede atentar contra la soberanía de Chiapas”. La supuesta energía del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, escondía la estrategia que el Estado mexicano había echado a andar en contra de las fuerzas insurgentes.
La masacre en el municipio de Chenalhó no sólo fue una más de las canalladas que se han cometido en contra de la población pobre de este país. En Chiapas algunos funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno y caciques tuvieron la brillante idea de armar, entrenar y garantizar impunidad a integrantes de comunidades que guardaban diferencias con el zapatismo. Los rencores se volvieron, así, odios armados, ante la mirada displicente de las autoridades. El golem que crearon se salió de control y se volvió contra todo lo que se movía. Acteal es el resultado más dantesco de este engendro.
El gobierno de Ernesto Zedillo declaró que no quedaría impune la matanza. Sin embargo, el recuerdo de Aguas Blancas y de los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu, el cardenal Posadas y el abogado Polo Uscanga; de las persecuciones y asesinatos cometidos en contra de integrantes de la oposición, y tantos y tantos hechos que han quedado sin castigo, arrojó una primera una sombra de incredulidad sobre el compromiso de esclarecer los hechos, que con el tiempo se confirmó. La justicia nunca llegó a Acteal.
Hacer justicia en Acteal no sólo significa aprehender, consignar y condenar a quienes accionaron los gatillos. Debe ser también investigar y castigar a quienes los armaron, entrenaron e instigaron, y a quienes se hicieron de la vista gorda ante sus actos. Más aún, hay que llevar la acción hasta los otros grupos civiles que han sido armados para rivalizar con las fuerzas zapatistas.
En aquellos días aciagos un grupo de ex miembros de la Cocopa declaramos lo siguiente: “Si la gobernabilidad es la capacidad de las autoridades y las instituciones de resolver y/o encauzar los problemas que enfrentan los ciudadanos respetando las leyes y los derechos de éstos, entonces no hay gobernabilidad en vastas zonas del estado. Si las autoridades estatales se han vuelto parte del problema, es hora de buscar soluciones mayores. Se ha argumentado que la renuncia del gobernador no resolverá por sí sola la problemática chiapaneca y, en efecto, así es. Por eso, además de su salida es urgente restaurar la legitimidad de los actos del gobierno estatal. Para ello se necesita, por lo menos, impulsar un acuerdo político entre las principales fuerzas del estado y un gobierno de transición que convoque y organice la elección del gobernador. En relación al restablecimiento del diálogo, hoy se escuchan voces que exigen al EZLN sentarse a la mesa de la concertación. Pero ¿hay las condiciones para ello? Los antecedentes hablan: primero la delegación gubernamental se desistió de facto de lo que había firmado en febrero de 1996 en San Andrés; luego, emitió la propuesta alterna a la de la Cocopa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas, misma que no ha sido oficialmente retirada; posteriormente, se actuó para inducir la parálisis de la Cocopa, y ahora la masacre de Acteal. Entonces, ¿se está pidiendo dialogar o se está solicitando una rendición disfrazada? Antes de que el llamado al diálogo prospere, es conveniente cumplir lo ya firmado. Algunos se han quejado de que los medios de comunicación y la opinión pública internacional han sido muy duros en sus críticas. No es así. Han sido justos en relación al oprobio cometido en contra de mexicanos indefensos. En este sentido, no ayuda a la causa de la justicia y a la credibilidad la imagen de un secretario de Gobernación que parece más empeñado en exculpar el gobierno que en señalar caminos para aclarar lo sucedido, y de un secretario de Relaciones Exteriores que parece más molesto por las voces internacionales que exigen se aclare la matanza que por el hecho mismo”.
La matanza de Acteal acotó el ya de por sí reducido margen de maniobra para el diálogo. Un análisis serio mostraría que, como resultado de estos hechos, la única posición que ha salido fortalecida es la de aquellos que reclaman una “solución de fuerza” a los conflictos del estado.
El colmo de la desvergüenza gubernamental fue que después de la masacre de Acteal, la persecución contra los zapatistas se agudizó, en un último intento por apresar a la comandancia zapatista, e inventaron “arsenales de armas” decomisadas, en un desesperado esfuerzo por desviar la atención del impacto que produjo la criminal acción.
En los primeros días de 1998, renunció el secretario de Gobernación y el gobernador interino de Chiapas fue sustituido por otro peor, cuya obsesión principal fue publicitar supuestas rupturas internas y deserciones zapatistas, mediante una estrategia que tuvo el apoyo y beneplácito del presidente de la República Ernesto Zedillo.
Por ello el esclarecimiento de la masacre de Acteal es un imperativo nacional y un reclamo de la sociedad mexicana.