Un asesinato destapó la cloaca del ayuntamiento
Guadalajara, Jal., 19 de diciembre. La historia que tiene en el banquillo de los acusados al alcalde de Tonalá, el panista Jorge Vizcarra Mayorga, comenzó el 24 de abril, cuando fue asesinado de siete balazos su compadre Carlos Romo Guízar, director de mejoramiento urbano municipal y ex comandante de vialidad.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) arraigó el 12 de agosto a Juan Carlos Sotelo García y a Omar Melquiades Fajardo, quien hasta junio fue director de inspección y vigilancia municipal, por su presunta participación en aquel homicidio.
El 29 de septiembre el ayuntamiento de Tonalá concedió licencia por un mes a Ricardo Sigala Orozco, secretario general municipal, señalado como presunto coautor material de la muerte de Romo Guízar. El alcalde dijo que se aceptó la solicitud de Sigala, también presidente del comité municipal del PAN, porque padecía un “cuadro agudo de diabetes”.
El 2 de octubre la PGJE arraigó a Marco Antonio Tornel López, inspector municipal, y a Víctor Hugo Sánchez Íñiguez y Eduardo Venegas Alcántar, cuyas declaraciones coinciden en que Sigala Orozco participó tanto en el crimen del ex director de mejoramiento urbano como en actos de corrupción.
Para evitar dañar más la imagen de la comuna, Vizcarra Mayorga se entrevistó al día siguiente con el procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, y le solicita evitar más filtraciones sobre la presunta red de corrupción en el ayuntamiento.
Basados en información de La Jornada, los diputados locales Tonatiuh Bravo Padilla (PRD) y Alfredo Barba Hernández (PRI) promovieron en el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para investigar lo que ocurre en la comuna.
El 14 de octubre el director operativo de la policía de Tonalá, Hugo Bartolo Vega Rodríguez, y Héctor Armando Ordóñez Aguilar fueron arraigados por la PGJE por estar implicados en tráfico de estupefacientes en vehículos del ayuntamiento. Ambos declararon que cada semana entregaban en la oficina de Sigala Orozco al menos 50 mil pesos.
El 2 de noviembre Juan Carlos Sotelo Galicia, presunto homicida de Romo Guízar, es sometido a proceso, acusado de homicidio calificado y delincuencia organizada. En el juzgado primero de lo penal, Omar Melquiades Fajardo González, quien fue director de inspección y reglamentos de Tonalá, también es procesado por intento de homicidio contra el síndico Leonel Andrade Padilla, perpetrado el 8 de febrero.
El 29 de octubre la PGJE solicita al Congreso local un juicio de procedencia para desaforar al presidente municipal “por tener elementos que indican su posible responsabilidad intelectual en el asesinato de Carlos Romo Guízar”. Se le acusa de delincuencia organizada y de abuso de autoridad.
El 17 de diciembre la Comisión de Responsabilidades emitió un dictamen unánime para proceder al desafuero.
La noche de este miércoles 19 de diciembre, el Congreso local, constituido en jurado de procedencia, sesionaba para evaluar el desafuero de Vizcarra Mayorga.