La proscrita Batasuna denuncia el “delirio represivo” del gobierno de Rodríguez Zapatero

Condenas de 2 a 24 años de cárcel a 47 personas por vínculos con ETA

La juez mandó callar y expulsó de la sala a los acusados que cantaban el himno del guerrero vasco

Entre los sentenciados, un líder de la ilegalizada coalición, y un abogado del ámbito abertzale

Armando G. Tejeda (Corresponsal)

Madrid, 19 de diciembre. La Audiencia Nacional de España condenó hoy a 47 personas a penas de entre los dos y los 24 años de cárcel –que suman un total de 520 años de condena–, por su vinculación, colaboración o pertenencia “con organización terrorista”. Al comenzar la lectura de la sentencia, la juez Ángela Murillo fue interrumpida por protestas de los procesados, a lo cual respondió enérgicamente: “¡Cállese, cállese!” y después exigió que los acusados fueran retirados de la sala gritando: “¡fuera, fuera, fuera!”, agitando la mano como quien espanta insectos.

La proscrita coalición independentista Batasuna denunció el “delirio represivo” del gobierno español, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder en Euskadi) opinó que Madrid básicamente dio culminación a un proceso por motiviaciones políticas iniciado durante el mandato de su antecesor, el derechista José María Aznar.

El alto tribunal leyó finalmente la sentencia del macrojuicio 18/98, que el juez Baltasar Garzón inició hace diez años con el objetivo de desarticular lo que llamó “el entorno de ETA”, en el cual se incluían organizaciones políticas, sociales, sindicales, empresas y medios de comunicación.

Hace tres semanas la justicia española ordenó la detención de los 47 sentenciados hoy, arrestos que se efectuaron de inmediato bajo el argumento de la existencia de “riesgo de fuga”.

Entre los 47 condenados se encuentra el histórico dirigente de Batasuna, Xabier Alegría, así como el abogado Txema Matanzas, uno de los más destacados defensores de los procesos penales abiertos contra el entorno abertzale (nacionalista), quien fue detenido mientras realizaba una visita profesional en una cárcel de Madrid.

La Sala de lo Penal, la última responsable de dictar la sentencia y presidida por Murillo, decidió condenar a 47 de los 52 procesados, con lo que únicamente cinco fueron absueltos de los delitos imputados.

La conclusión central de los magistrados fue la de refrendar las hipótesis siempre sostenidas por el juez Garzón durante la instrucción, en la que alegó que organizaciones como Ekin, Xaki y Kas eran en realidad el frente “político” y “coordinador” de la estructura de ETA en el País Vasco para llevar a cabo sus fines, que son la independencia de Euskadi a través de la lucha armada.

La sentencia asevera que estas organizaciones representaban el “corazón y las entrañas” de la organización, con lo que argumenta que el grupo armado no está formado únicamente por los “comandos” armados, sino por un amplio frente político, social, empresarial y mediático.

Cabe recordar que en el contexto del juicio, Garzón ordenó el cierre de varios medios de comunicación, como el periódico Egin, escrito en lengua euskera y precursor de Gara, la emisora Euskadi Irradia y la revista Ardi Beltza, que estaba dirigida por el periodista Pepe Rei. De hecho, la mayor de las condenas fue para José Luis Elkoro, ex director del Consejo de Administración de Egin, dirigente de Batasuna y de la organización Kas, quien recibió una pena de 24 años de prisión, 16 de ellos por el crimen de “pertenecer a una banda armada”.

Entre 1998 y 2002, Garzón desmanteló el conglomerado de organizaciones cuyos miembros se sentaron hoy en el banquillo de los acusados. Murillo aseguró que la documentación incautada entonces comprueba las funciones que Ekin, Xaki y Kas supuestamente cumplían para ETA.

El fallo, que supera las mil 100 hojas, indica que la autonomía de Kas y Ekin eran el frente político de ETA, y Xaki era el frente internacional y el diario Egin fue el frente mediático. Y que la organización armada las controló siempre y las utilizó para sus fines.

Se trataba de una “acumulación de fuerzas” en apoyo a la actividad etarra.

Cuando la presidenta de la Sala se disponía a leer la sentencia, todos los procesados, con el puño en alto, lanzaron consignas en favor de la independencia del País Vasco y entonaron el Eusko Gudariak, himno del guerrero vasco, lo que provocó que se les expulsara de la sala mientras se hacía público el veredicto.

La juez Murillo inclusó tronó los dedos al gritar: “¡cállese, callese!” a los procesados, cuya defensa anunció que recurrirá a todas las instancias posibles, tanto al Tribunal Supremo como al Constitucional, y que también están dispuestos a presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que recientemente accedió a revisar el proceso de la proscripción de Batasuna, del 2003.

Esta formación denunció a través de uno de sus últimos dirigentes aún en libertad, Pernando Barrena, que el gobierno socialista español ha dejado patente su “delirio represivo”, que manifiesta en la forma de “cacería de brujas contra el movimiento independentista”.

Barrena, número uno del movimiento ilegalizado en 2003, agregó que Madrid practica una “política de tierra quemada que tiene el objetivo de volar puentes”, en alusión al intento fallido de diálogo con ETA que intentó en 2006 el ejecutivo.

Estos intentos de acercamiento del gobierno español con ETA estuvieron siempre bajo presiones y críticas del derechista Partido Popular y su propio entorno, opuesto a cualquier tipo de negociación con los independentistas. Tras un estancamiento de las pláticas en busca de un acuerdo ETA retiró su tregua indefinida de las acciones armadas y reanudó sus atentados.

La organización de familiares de presos etarras, Askatasuna, señaló respecto de la sentencia que “una vez más el gobierno español ha llevado hasta el extremo su apuesta para terminar con la lucha por la independencia, pero la represión no hará callar a este pueblo”.

El PNV denunció el carácter “político” del proceso, que lo único que provoca es el “descrédito en una parte de la justicia”, al sostener que “este juicio, iniciado durante el mandato de José María Aznar, es un claro ejemplo de procesos judiciales inspirados en motivaciones políticas y que se amparan en leyes, tales como la Ley de Partidos, norma puesta en tela de juicio hasta por los tribunales internacionales”.