“Reconocemos a los asesinos en la calle y sabemos que todavía tienen las armas”
Víctimas y victimarios de la matanza de Acteal, obligados a convivir cotidianamente
Existe una paz nerviosa en la comunidad; los paramilitares que fueron entrenados hace 10 años siguen en el pueblo, afirman
Logran acuerdos para compartir espacios
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 19 de diciembre. Por los caminos que suben y bajan de las montañas de San Pedro Chenalhó, pobladas por un abigarrado mosaico de comunidades, una persona cualquiera puede cruzarse con otra que atraviesa la calle, con uno que asiste a la fiesta de un bautizo, con alguien que espera transporte al pie de la carretera. Y quizá sienta, al reconocerlo, sobresalto, miedo, ganas de esconderse.
Eso pasa cuando un sobreviviente de la masacre de Acteal topa con uno de aquellos paramilitares que hace 10 años fueron organizados por los príístas, armados y entrenados por los militares y que a fines de 1997 atacaron sistemáticamente a las comunidades que pertenecieran o simpatizaran con los zapatistas.
Y no es infrecuente. Ahí siguen, impunes, los integrantes de aquellos grupos violentos que bajaron la ladera para llegar a la ermita de Acteal y asesinar a los desplazados que estaban ahí orando; 45 personas: nueve niñas, seis niños, 21 mujeres, cinco de ellas embarazadas, nueve hombres, la mayoría mol, ancianos. El ataque dejó 50 niños huérfanos. Y cuatro heridos quedaron discapacitados permanentemente.
Aquella estructura de choque organizada conforme al manual de contrainsurgencia del Ejército, con jóvenes reclutados de las comunidades de Los Chorros, Canolal, La Esperanza, Yaxgemel, Ybeljoj, Pechikil, Quextic, Colonia Puebla y Tzajlulcum, sigue ahí. Sus armas, introducidas bajo la mirada vigilante de los retenes del Ejército, están todavía en manos de sus jefes.
“Convivimos con los asesinos”, expresa Miguel Hernández Vázquez, secretario de la mesa directiva de la sociedad civil Las Abejas, “y sabemos que todavía tienen las armas. No podemos mentir”. Otros siete integrantes de la dirección asienten. “Lo que decimos lo vemos –secunda Pedro López, suplente– y lo que vemos lo decimos”.
Fuera de la oficina de Las Abejas, en el Acteal centro, por donde a cada hora pasa una delegación que viene con alguna misión, un grupo de albañiles se afana para terminar el aplanado de la nueva ermita. Sólo falta la pintura para que quede reluciente para el jueves, cuando se inaugure el Encuentro contra la Impunidad, con motivo del 10 aniversario de la masacre.
Mientras, los líderes van de reunión en reunión. Ultiman detalles. Y esperan, nerviosos, que esta vez no se repita lo que sucedió el año pasado en las mismas fechas.
Ocurre que en la víspera del 22 de diciembre, el presidente de Las Abejas entonces, Agustín Vázquez, recibió una llamada del gobierno de Juan Sabines. Anunciaba su asistencia al acto para “llevar una ofrenda”. El dirigente le aclaró que no estaba invitado. Sin hacer caso, al rato uno de sus asistentes volvió a telefonear para que le indicaran dónde podía aterrizar el helicóptero del gobernador.
Entonces un grupo de jóvenes, los más decididos a resistir los numerosos intentos de las autoridades de capitalizar políticamente la trágica historia de Acteal, salieron a pie de la comunidad a pesar de la hora. Al amanecer llegaron a San Cristóbal de las Casas. Y ahí, directo a las radioemisoras a difundir, en tono enérgico, que Sabines no sería bien recibido. Por supuesto, en Tuxtla Gutiérrez se canceló la visita.
Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, la zona “sigue siendo un campo minado”, según la definición de Pedro Arriaga, el párroco que llegó a San Pedro Chenalhó a llenar el vacío dejado por su antecesor, Miguel Chanteau, quien había sido expulsado del país por el gobierno federal en febrero de 1998.
Recientemente reasignado a la vecina parroquia de San Juan Chamula, Arriaga confirma que, en efecto, los sobrevivientes de Acteal y todas las demás víctimas de aquella embestida paramilitar que provocó desplazamientos masivos “son obligados a convivir, día a día, con sus victimarios como consecuencia de la impunidad”.
Cita una prueba de que, aun con bajo perfil, los grupos paramilitares siguen presentes en la zona: una familia de Tzanenbolom que fue obligada a desplazarse, hace apenas seis meses. Esa sigue siendo una de las comunidades más marcadas por el paramilitarismo.
Otro indicio de la presencia incontrolada de armamento pesado en la región es el operativo que se vio en Los Chorros apenas en mayo de este año. Roberto Méndez, uno de los 18 autores materiales de la matanza de Acteal que fueron detenidos en 1998, preso en el penal de El Amate, confesó nueve años y medio después del crimen dónde había escondido sus armas. La policía estatal acudió a las cuevas señaladas y, en efecto, encontró ocultos dos rifles AK, oxidados, pero todavía cargados con munición.
“Pero –lamenta Miguel López– a pesar de esto el gobierno no avanzó en la investigación”. Agrega Pedro López Gómez, suplente tradicional: “porque no tiene voluntad”. Y añade una tercera voz, la de Mariano Pérez, segundo alcalde de Ybeljoj: “Sí existe la impunidad”.
En otra entrevista, Pedro Arriaga recuerda cuando llegó al municipio a ejercer como párroco, tres semanas después de la masacre. “Era tal el control de estos grupos armados que yo no podía ni siquiera acercarme en labor pastoral a varias comunidades”.
Hoy en día la tensión ha bajado, no desaparecido. “Es –define– una paz nerviosa”. Sobre la presencia de los grupos de choque, reconoce que “no se percibe que exista una organización interna. Tampoco es que destaquen, entre los pobres, por tener más dinero. Pero aquellos jóvenes que fueron reclutados hace 10 años, muchachos medio vagos a los que, mientras les mostraban películas pornográficas y de karate les entregaban armas y les enseñaban a usarlas, siguen aquí, se quedaron con su perfil de poder y, lo más grave, se quedaron con las armas. Y eso lo saben todos.”
Pese al peligro latente de una nueva agresión, conviven en una misma zona una veintena de pueblos donde zapatistas, comunidades de Las Abejas, pueblos priístas y una base de operaciones de la 13 brigada de infantería del Ejército comparten un mismo espacio, los mismos caminos y las mismas montañas. “Hemos buscado una alternativa para poder convivir”, dice el secretario de Las Abejas. Así, Acteal-abejas utiliza la cancha de básquet de Acteal-autónomos, con quien colindan. Y, en reciprocidad, Las Abejas permiten el uso del teléfono a los zapatistas. Juntos pero no revueltos, como quien dice.
Pero hay experiencias de convivencia más complejas y de mayor envergadura, la de los retornados a las comunidades bajo control paramilitar. En 2000, primer año de gobierno de Pablo Salazar, retornaron los primeros 500 de Xoyep a Ybeljoj. Luego otros mil, a pesar de que la diócesis advertía que aún no había condiciones de seguridad suficientes. Pero el hambre y la necesidad eran acuciantes. Y aunque en general el acuerdo que se firmó ha sido cumplido, “éste sigue siendo un terreno minado”, como lo señala Arriaga.
“¿Qué solución puede haber si no hay justicia?”, se pregunta Miguel López. “Todavía ellos, los asesinos, están aquí. Hay 27 órdenes de aprehensión que no se han cumplido. Y faltan los autores intelectuales”. Enumera: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Uriel Jarquín (ex secretario de Gobierno), Enrique Cervantes (ex secretario de Defensa), Mario Renán Castillo, ex comandante de la sexta Región Militar. “A ellos, en lugar de aplicarles la justicia, les dan cargos”.
Termina la entrevista con los mandos de Las Abejas. Cada uno debe partir a alguna tarea urgente. Pero para finalizar, Miguel tiene algo más que subrayar: “Aquí no hubo un enfrentamiento, no hubo conflicto comunitario. Esto fue un ataque preparado por el gobierno. Ya que vinieron hasta aquí para escucharlo en primera persona, pasen el testimonio, porque muchos no están enterados totalmente.”