Usted está aquí: jueves 20 de diciembre de 2007 Política Plantea AN fijar en 30 años edad para ser gobernador

Presenta iniciativa de reforma al 116 constitucional

Plantea AN fijar en 30 años edad para ser gobernador

Es una tendencia dominante en el país, señala el senador Ricardo García Cervantes

Alentará a los jóvenes, sostiene

Andrea Becerril

El senador Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ayer una iniciativa para establecer en el ámbito constitucional que la edad mínima para acceder al cargo de gobernador sea de 30 años.

Las reformas al artículo 116 constitucional, que se dictaminarán en el próximo periodo de sesiones de febrero, tienen como propósito “atender a una tendencia dominante en el país, de disminuir la edad para acceder a cargos públicos de elección popular”.

Así lo demuestran los cambios a la Constitución que permitieron reducir la edad para ser diputado y senador a 21 y 25 años, respectivamente.

En la exposición de motivos de la iniciativa, García Cervantes detalla que además se tomó en cuenta el crecimiento juvenil en la pirámide demográfica, en razón de que 60 por ciento de la población mexicana no excede los 30 años de edad.

Asimismo, destaca que en la mayoría de los estados de la República se ha establecido en 30 años la edad mínima para ser gobernador, pero es indispensable que ese requisito quede plasmado en la Carta Magna “para alentar a la población juvenil del país, que reclama más oportunidades de participación en responsabilidades públicas”.

Agrega que con esta disposición, además, se elimina el riesgo de que algunos congresos locales pretendan llevar a cabo modificaciones coyunturales en beneficio de una persona en particular.

En la iniciativa del senador panista se señala que una persona de 30 años tiene la capacidad y madurez suficiente, no sólo para ser electo diputado o senador, sino gobernador de un estado.

Igualmente, se destaca que las reformas al artículo 116 constitucional permitirán no sólo una mejor representación política, sino una adecuada representación de la sociedad en el Congreso de la Unión.

 
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