18 de diciembre de 2007     Número 3

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

TLCAN: alternativas campesinas

En medio de la incertidumbre que despierta la última fase de liberalización, dirigentes de organizaciones campesinas, muchos de ellos impulsores del Acuerdo Nacional para el Campo, formulan propuestas de política pública:


FOTO:
Enrique Pérez S / Anec.

Fernando Celis
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

El aspecto central es que se tengan mayores precios para los productos del campo; para ello deben tomarse medidas como control de importaciones; definir límites al poder y a las excesivas ganancias de los oligopolios; abatir el intermediarismo en la comercialización, y fortalecer a las asociaciones de productores para que vendan sus cosechas con mayor escala y más valor agregado. También es necesario 1: fortalecer el manejo financiero de las familias campesinas a partir de que las asociaciones cuenten con organismos de ahorro y préstamo. 2: Mayores apoyos públicos para la diversificación de actividades de las familias campesinas y para una industrialización de mediana escala. 3: Creación de un nuevo organismo público de apoyo a proyectos de protección ambiental manejados por los productores y comunidades, con amplios recursos fiscales, de empresas, de organismos internacionales, impuestos específicos, etcétera. 4: Un programa nacional que fomente la cultura organizativa campesina.


FOTO: Unyon Payssane

Olegario Carrillo Meza
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)

No hay alternativa; lo sostenemos en foros nacionales e internacionales: el campo sobrevivirá sólo si hay un repliegue en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Seguiremos luchando por lograr su cancelación y para evitar la liberalización definitiva en enero de 2008. El TLCAN ha profundizado la pobreza y la exclusión rural, así como la dependencia alimentaria nacional. Nuestro reclamo es justo y apartado de intereses políticos. Pero en tanto logramos esto, la UNORCA impulsa un “programa nacional para la soberanía alimentaria” que requiere subsidios y una alineación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para apoyar productos estratégicos y vulnerables en medio de la apertura, como el maíz y el frijol. Buscamos que el Legislativo intervenga y nos apoye para hacer contrapeso a las políticas actuales, y que la economía de ejidatarios, de comuneros, no siga siendo golpeada.


FOTO:
Enrique Pérez S / Anec.

Víctor Suárez
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec)

Es indispensable que, como decisión explícita de Estado, México revierta la situación actual, en que la élite de gobierno y los organismos multilaterales que influyen en las políticas internas desdeñan al agro, en particular a los campesinos e indígenas, a quienes conciben como prescindibles para el desarrollo económico, pero ven como capital electoral y como receptores de dádivas públicas y privadas. A partir de esa decisión de política mayor –que tendría que ser asumida por el Congreso, por los poderes ejecutivos federal y locales y por la sociedad– es que podrían darse pasos para lograr una nueva modalidad de agricultura sustentable proveedora de bienes ambientales, multifuncional, de atención a los mercados locales y regionales. Y podrá verse al campo no como un lastre, sino como una riqueza indispensable para la soberanía nacional, la unidad del país, el desarrollo económico y para los equilibrios sociales y ambientales. Necesitamos un acuerdo de la República para la reorientación de las políticas agroalimentarias que han regido desde 1982, y a partir de eso entre otras cosas se requiere la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio, y reformas institucionales para dar espacios, presupuestos y atención a la producción de pequeña y mediana escalas.


FOTO:
Enrique Pérez S / Anec.

Federico Ovalle Vaquera
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)

Un modelo de desarrollo fincado en la visión de las empresas trasnacionales y de los ganadores de la apertura comercial en las economías altamente desarrolladas no es lo que requiere el campo mexicano; el libre mercado indiscriminado ya mostró su inviabilidad, pues genera pobreza y desigualdad social, aunque las cifras oficiales digan otra cosa. Debemos voltear hacia adentro y promover el desarrollo y el mercado domésticos, sin desatender las exportaciones; para ello se deben democratizar las decisiones. No queremos ya que el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural nos escuche y conozca nuestras opiniones, sino que deje de ser un órgano sólo “consultivo” y pactemos la concurrencia de organizaciones y campesinos para definir un nuevo rumbo a la política pública rural. Debe cumplirse el compromiso del Acuerdo Nacional para el Campo, de tratar al medio rural como prioridad en la dinámica del desarrollo nacional.


FOTO:
Enrique Pérez S / Anec.

Alfonso Ramírez Cuéllar
Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Proponemos constituir una reserva estratégica de alimentos; establecer metas nuevas de productividad por hectárea para elevar la oferta alimentaria; impulsar el desarrollo de ciertas regiones con infraestructura (bodegas y canales de comercialización), pues en estos momentos de volatilidad de la oferta y de los precios agrícolas mundiales, es fundamental garantizar beneficios para el productor y abasto al consumidor. La espiral inflacionaria de los alimentos ha fortalecido sólo a los intermediarios; queremos que el beneficio se extienda a los demás. Un factor clave para ello es el financiamiento; el alto costo del crédito y la exigencia de garantías lo hace prohibitivo hoy para el agro; estamos pugnando por la compactación de ciertos fondos de la banca de fomento, para establecer un sistema nacional de garantías que facilite el crédito. También proponemos un programa ambicioso de empleo rural no agrícola; entendamos que la mayor fuente de ingresos de los pobladores rurales no es precisamente el agro, por eso deben abrirse y fortalecerse espacios en industria y servicios. Otra prioridad es atender la desnutrición y hambre que padecen millones de mexicanos.

José Narro Cespedes
Coodinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)

Indudablemente, no se ha respetado el Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril de 2003, cuya lucha principal fue la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por eso debe haber una moratoria en la apertura total para maíz y frijol en enero de 2008, y debe establecerse una mecánica de control de importaciones y exportaciones para regular el mercado interno de ambos granos; para evitar problemas de desabasto y sobreoferta. Requerimos también como país crear una reserva estratégica de granos, pues sin ella no tendremos la mínima garantía de soberanía y seguridad alimentarias; estaremos totalmente en manos de las trasnacionales. También es importante hacer una reforma para que haya una institución claramente responsable de atender a los campesinos, que han sido abandonados por la Secretaría de Agricultura; planteamos que se adecue la Secretaría de la Reforma Agraria; que agregue a su nombre “y Desarrollo Rural” y se responsabilice de él.

Los responsables del daño

Carlos Salinas de Gortari
Este ex presidente realizó negociaciones secretas con su contraparte de Estados Unidos desde inicios de los años 90, que dieron como fruto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Salinas ha insistido en libros y artículos que el tratado se le ocurrió a él luego de un viaje a Europa, donde observó los beneficios de la integración internacional. Pero hay evidencias de que el proyecto no fue suyo –nunca lo mencionó en sus discursos de candidato ni en sus planes de desarrollo nacional–. El TLCAN surgió como una estrategia del gobierno de Estados Unidos de regionalización para fortalecer la competitividad de sus empresas. Previo al tratado, ya Salinas había desmantelado las instituciones del agro y había promovido la desregulación de los precios agrícolas y de la tenencia de la tierra.

Luis Téllez Kuenzler
El hoy titular de Comunicaciones y Transportes fungió como responsable negociador de agricultura en el TLCAN. Siendo subsecretario de Planeación de Agricultura con Salinas, el también artífice de los cambios de 1992 al artículo 27 constitucional sobre tenencia de la tierra, ofreció incluir el maíz y el frijol en el TLCAN sin que lo hayan solicitado las contrapartes estadunidenses. En su libro La modernización del sector agropecuario y forestal (FCE, 1994) y en entrevistas periodísticas de esa época, Téllez Kuenzler argumentó que el sector agropecuario debía superar su atraso vía la desregulación, la privatización y la apertura comercial, y para ello debía incrementar sus flujos de exportación (con hortalizas), y reducir deliberadamente el cultivo de granos y oleaginosas, “cultivos no redituables”, aprovechando la circunstancia de entonces –hoy revertida en 180 grados–, de sobreoferta mundial granera y precios bajos. Téllez, quien fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo, operó en los años recientes como empleado del Grupo Carlyle, con fuertes intereses de la familia Bush. A Téllez se le atribuye la frase “El TLCAN no falló, pero la realidad no se ajustó a lo que se preveía”, como respuesta a críticas sobre los efectos nocivos del tratado en la sociedad rural.

Eduardo Robinson
Bours Castelo
Este priísta sonorense, conocido como el más panista de los gobernantes, es antes que nada un empresario: miembro de la familia propietaria de la líder avícola Bachoco. En 1992 fue electo presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la cúpula empresarial del agro, y como tal participó casi como único representante del sector en el llamado “cuarto de junto” de las negociaciones agropecuarias del TLCAN. El sector social del agro estuvo representado sólo en las últimas etapas de la negociación por el Congreso Agrario Permanente. Dentro del sector privado, el CNA dominó, incluso desplazó a la Confederación Nacional Ganadera, pues fue hábil en presentar primero sus planteamientos en desgravación para las ramas pecuarias, y además el CNA estaba entonces ya integrado a la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior, instancia reconocida por el gobierno federal como el enlace empresarial con la unidad negociadora oficial en el TLCAN.

Jaime Serra Puche
Como secretario de Comercio salinista, fue quien en noviembre de 2003 firmó con su contraparte de Estados Unidos, Mickey Kantor, las “cartas paralelas” o “cartas secretas” que a última hora modificaron los términos de negociación de edulcorantes en el TLCAN, al restringir el comercio de excedentes azucareros mexicanos, acto calificado de traición por ingenios y cañeros. El Senado de la República no firmó las cartas entonces, y expresamente en 2001 las consideró ilegales. En 2002 el propio Serra, pero bajo el membrete de SAI Consultores y con su operadora Beatriz Léycegui –hoy subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía–, promovió y logró una salvaguarda negociada en el TLCAN para posponer hacia 2008 la liberalización total del tratado en piernas y muslos de aves, con el argumento de que hay una competencia desventajosa con los productos de Estados Unidos, debido a los bajos precios de éstos. Con la salvaguarda se favoreció principalmente a Bachoco y a las trasnacionales Tyson y Pilgrym’s Pride, concentradoras las tres de más de 60 por ciento del negocio avícola en México.

¿Amnesia?

El 27 de noviembre el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, dijo que México debe contar “con un mecanismo que regule las importaciones y exportaciones (de maíz y frijol) porque no estamos obligados a comprar lo que no necesitamos de alimento en el extranjero”.
Declaración extraña pues pasa por alto que el 18 y el 23 de octubre en la Cámara de Diputados y el 31 de ese mes en el Senado de la República, el PRI, partido de Cruz López, hizo mancuerna con el PAN para rechazar, con votos en bloque, la propuesta del Frente Amplio Progresista de integrar el artículo tercero transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2008, el cual mandataba precisamente la creación de un mecanismo de administración de importaciones y exportaciones de maíz y frijol, para proteger a los productores y los consumidores mexicanos ante la apertura total del TLCAN en enero de 2008. ¡?