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La Resistencia Luciano Concheiro Bórquez Ante la noticia de que serían privatizadas las zonas arqueológicas de Machu Picchu y Chan Chan en el Perú, el escritor José Saramago dijo con una fuerte carga de ironía: “Que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas su explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo (...) Y, metidos en esto, que se privatice también a la puta que los parió a todos.” Como bien dice Saramago, la fiebre privatizadora invade todo, nos quiere restar los sueños, busca destruir implacablemente lo más íntimo de los seres y se plantea imponer el dominio total del mercado, y con ello condenar a la inmensa mayoría a la exclusión económica, social y cultural. En este sentido, acabar con el propósito justiciero de la Revolución Mexicana, vuelto reforma agraria, fue una precondición impuesta a México para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se desató la fiebre privatizadora. Para ello se rompió el principal pacto social construido en la historia contemporánea; el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional, y ahora pretenden rematar Felipe Calderón y sus huestes. Hace 15 años arrancó la contrarreforma agraria; se trataba de privatizar los ejidos y comunidades, y el botín no es menor, abarca más de la mitad de todo el territorio nacional, 101 millones 428 mil hectáreas. Pero en esta audaz acción que quiso tirar al basurero la historia del país, radica el principio del fin del corto reinado del neoliberalismo, la resistencia se ha impuesto en este caso sobre la supuesta lógica implacable del mercado vuelto TLCAN.
Privatización mínima. La insurrección zapatista del uno de enero de 1994 explícitamente denunció al TLCAN y los cambios al 27. Entonces, y hasta la fecha, se ha rebelado la abrumadora mayoría de los casi 4 millones de ejidatarios y comuneros de todo el país. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, al 30 de junio de 2005 sólo un millón 245 mil hectáreas, esto es menos del 1.23 por ciento de las tierras ejidales y comunales, habían solicitado el dominio pleno, paso anterior para ser propiedades privadas, pero a la vez poco más de 600 mil hectáreas de propiedad privada han pasado en los últimos años al régimen ejidal y comunal. Además, de la minúscula privatización 75 por ciento corresponde a seis estados del norte del país: Baja California, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Baja California Sur y Tamaulipas. Pero la resistencia no sólo fue rechazar la privatización de la propiedad social. Los ejidatarios y comuneros, al ser certificados por el famoso Procede, declararon poco más de 70 por ciento de todas sus tierras como “tierras de uso común”, lo que quiere decir que las ampararon de ser vendidas, las protegieron para las futuras generaciones. La resistencia campesina parece negarse a la declaración del “fin de la historia”; ofrece una base territorial inmensa como fundamento de la soberanía alimentaria, referente de una democracia horizontal, de las autonomías, del municipio libre, de otro mundo posible en la diversidad cultural y biológica que caracteriza a México. Profesor-Investigador UAM-Xochimilco |