DEFENSA JURÍDICA

El TLCAn tiene remedio

• Debe México proteger al agro en tratados de la OMC
• Urgente, quitar el monopolio a Economía

Más allá de los mecanismos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –investigación antidumping, salvaguardas, cupos de importación–, con resultados en general negativos y procesos tardadísimos en contra de importaciones de carne de res, productos porcícolas, arroz, manzana y fructosa de Estados Unidos (EU), que han provocado daño serio a la producción nacional y al empleo, México cuenta con un abanico de posibilidades de defensa dentro de la propia Constitución, y los tratados de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que no utiliza.

Laura Hernández Ramírez FOTO: Lourdes Edith Rudino

La responsable monopóíica de defender el interés nacional comercial, es la Secretaría de Economía, por conducto de sus subsecretarías y de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI); sin embargo, sin lógica jurídica los funcionarios aplican en exclusiva los mecanismos del TLCAN, con actos ilegales y arbitrarios, y se prestan a corrupción. Incluso ex funcionarios han constituido despachos privados, y en su mayoría actúan en contra de nuestros agricultores y son designados “peritos” en casos en que ellos mismos han participado en contra de la producción nacional.

Laura Hernández Ramírez, doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma   de Méxicoy quien impulsó la primera demanda contra prácticas desleales (en 1993, en porcicultura), explica que al haberse fundamentado el TLCAN en el artículo 24 del GATT (tratado de la OMC), los Estados pueden y deben utilizar las reglas del multilateralismo. Por tanto, México debería acogerse al Acuerdo Sobre Agricultura (ASA) y al Acuerdo de Subsidios de la OMC, entre otros, para defender a sus agricultores.

Así podría generarse una defensa, incluso de oficio, para miles de productos, en primer lugar los estratégicos identificados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), incluidos maíz y frijol.

Seguridad alimentaria. “La OMC en sus preceptos, no es comercio en exclusiva; o una aventura a ser importador neto; también se establece la seguridad agroalimentaria, fomentar el desarrollo económico y la exportación; mantener equilibrio en la balanza de pagos. Por eso constituyó su ASA, que busca la seguridad alimentaria, con procedimientos cortos y sin tantos requisitos como las salvaguardas especiales (...) con base en ese acuerdo y/o el de subsidios, es que Brasil ganó un caso en la OMC contra el algodón de EU y Canadá impugna los subsidios al maíz estadunidense.”

La autora del libro Visión y acciones jurídicas para el desarrollo del sector agropecuario mexicano, editado por el Centro de Investigación Aduanera y de Comercio Internacional, comenta que Japón, la Unión Europea y el propio EU saben cuidar muy bien a sus agricultores, aun confrontando ordenamientos internacionales, y sin embargo en México hay múltiples experiencias donde la UPCI defiende el interés extranjero, y ello genera desgaste en los productores y una dependencia cada vez mayor de alimentos de EU, algunos atentatorios a la nutrición, y por tanto violatorios de la Constitución, como son los lactosueros (que se hacen pasar por leche) y pastas de ave (baratas y sin control de calidad) que se transforman en jamones.

Ejemplos de la indolencia y mala fe de funcionarios de UPCI: 1.- en 2003 los porcicultores presentaron una demanda contra productos desleales de Estados Unidos; dado que la argumentación jurídica daba para ganar, la UPCI cerró el caso y abrió otro por oficio, para el cual luego dio una resolución de cero cuota. “Eso fue una aberración jurídica”. 2.- En 2006 los porcicultores pidieron un panel por la controversia (capítulo 19 del TLCAN) y la Secretaría de Economía (SE), controladora de la Sección de Tratados, por demorar la constitución de panel, propuso como árbitro a una persona físicamente imposibilitada, y a la fecha no se ha constituido.

“Hay situaciones extrañas, intereses distintos, trasnacionales que buscan mercado. Pero la culpa es nuestra, como país, por no entender que la dependencia alimentaria nos lleva a ser objeto de control político y económico de todo tipo.”

La abogada plantea retos: 1.- se debe eliminar el monopolio de la SE y crear un tribunal de comercio internacional; 2.- el Congreso debe crear una comisión especial de comercio exterior; 3.- el Poder Legislativo debe actuar en la negociación, asimilación jurídica y aplicación de tratados comerciales, por ejemplo, asimilar debidamente el contenido del ASA en nuestra legislación (en la LDRS) para la defensa del agro.

Controversia constitucional. Por lógica jurídica, si tenemos firmados tratados de la OMC donde se privilegia al sector agroalimentario; si la propia Constitución mexicana defiende el derecho a la alimentación, a la producción nacional, al desarrollo económico, “tenemos que ser congruentes y evitarnos juicios como los que hemos llevado con el TLCAN. Al final en estos casos, si llegamos a sus últimas consecuencias en el Poder Judicial, vamos a ganar, pero esto toma muchos años, y mientras se mueren los animales; hay que sacrificar cerdas, las cosechas se dañan seriamente, porque compiten con la importación desleal”.

Laura Hernández afirma que el maíz y el frijol podrían ser defendidos con los Tratados GATT, ASA y de subsidios, pero en principio con una controversia constitucional contra el acto de aplicación del TLCAN, que emprenderían autoridades locales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que pronunciarse, y podría suspenderse el tratado, por razones tales como la falta de reciprocidad –por los subsidios excesivos al agro que aplica EU–, y por serios problemas técnico jurídicos en su negociación, por ejemplo, sus contradicciones con la Constitución. Mientras el TLCAN determina fechas de desgravación arancelaria, nuestra Carta Magna da al Congreso la atribución para que aplique o retire aranceles de acuerdo con el interés nacional.

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