18 de diciembre de 2007     Número 3

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada


ÉXODO RURAL

Mano de obra mexicana abarata producción agrícola de EU

  • Tratan a documentados como esclavos; están peor que los ilegales
  • Enfrentan explotación, desprotección laboral, ausencia de servicios médicos


Ana María Aragonés

El fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos se ha disparado en forma extraordinaria a partir de la década pasada, situación que forzosamente nos remite al momento de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá.

Si analizamos el efecto de dicho tratado sobre la economía mexicana, es fácil detectar que uno de los sectores más afectados ha sido el campo. La situación de subordinación en la que se pactaron los términos del tratado ha dado lugar a que seamos importadores de una parte sustancial de la dieta básica de la población, perdiendo así seguridad y soberanía alimentarias, lo que nos mantiene como país subdesarrollado.

Los productores mexicanos no pueden competir con Estados Unidos porque este país no sólo aplica muy importantes subsidios a la producción agrícola, sino que gracias a la participación de la población migrante mexicana, los costos de sus productos se reducen. Se trata de trabajadores que perciben bajos salarios, trabajan largas jornadas, prácticamente sin protección laboral. Si bien estas condiciones se han mantenido porque se esgrime que se trata de una fuerza laboral indocumentada, cuando analizamos lo que sucede con aquellos que son contratados bajo las llamadas visas H2A, se puede constatar que sus condiciones no son mejores.

Tuvimos la oportunidad de realizar varias investigaciones en uno de los llamados nuevos destinos migratorios en Carolina del Norte, y los testimonios de esos trabajadores ponen de relieve no sólo la enorme explotación, sino la desprotección laboral y sanitaria bajo la cual trabajan. Es decir que la legalidad no es garantía de un trato mejor; es más, por momentos pareciera que las condiciones son peores en la medida en que esos trabajadores son asignados a un granjero determinado, y si éste los trata mal, no les paga lo convenido o no les ofrece servicios médicos cuando presentan problemas de salud, los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de cambiar de patrón.

De acuerdo con sus propias declaraciones, los migrantes mexicanos consultados allí se consideran esclavos más que trabajadores libres y con derechos. Una queja muy sentida es que, después de muchos años de trabajar –algunos llevan más de 15 años trasladándose cada año por seis o nueve meses hacia Estados Unidos–, no han logrado que les sea reconocida ni siquiera la antigüedad, y por ello es imposible que puedan alcanzar una muy justa pensión.

Estos flujos migratorios  representan una masiva transferencia de plusvalía desde la periferia, que labora en condiciones de enorme precariedad, sin acceso a los programas ni beneficios sociales, en un entorno de desprotección laboral. Su importancia radica en que se trata de población económicamente activa (PEA). Es mano de obra que llega en edad productiva sin ningún costo para el país receptor, lo que permite reducir los costos de producción, incrementar la flexibilidad y desregulación laboral y alcanzar con ello una creciente competitividad con máximas tasas de beneficio.

México ha incrementado las importaciones agrícolas de Estados Unidos entre 1995-2005 en 7.6 por ciento anual en productos tales como ganado y carne, granos, semillas de aceite y en menor medida productos lácteos y productos avícolas, todos ellos artículos de enorme sensibilidad en la dieta básica de la población mexicana. Al mismo tiempo ha disminuido su apoyo público al sector.

Todo esto ha creado una situación de pobreza y pobreza extrema que ha sido reconocida por las propias autoridades gubernamentales, como Beatriz Zavala, secretaria de Desarrollo Social, quien en agosto pasado señaló que “todavía 44 millones de 700 mil mexicanos viven en situación de pobreza, y 14 millones 400 mil se enfrentan a la pobreza más lacerante: la pobreza alimentaria”. Una situación muy lamentable es que muchas comunidades rurales se van despoblando, quedando sólo niños y ancianos, que esperan las remesas para poder sobrevivir y que pase el tiempo para que los niños tengan la edad suficiente para seguir el camino de los padres.

La migración se ha incrementado ante la falta de políticas públicas que pudieran cambiar las condiciones que mantienen al país como simple reservorio de fuerza de trabajo barata, lo cual es aprovechado por Estados Unidos, que se da el lujo de violar los más elementales derechos humanos de esos trabajadores ante el silencio del gobierno mexicano.

Profesora de la Facultad de Estudios Superiores, UNAM-Acatlán
[email protected]