Acteal: la impunidad concertada
Cuando los crímenes se convierten en una mera efeméride es señal casi absoluta de impunidad. Recordar a las víctimas, clamar justicia, esperar una verdad que no llega, ni la legal, menos la real y la histórica. Por desgracia éstas son claves de nuestra historia, igual la centenaria que la que espera por cuatro décadas; con mayor razón la que “apenas” cumplirá 10 años: del llamado quinto Centenario a 1968, 1971, 1997, y antes de Acteal, Aguas Blancas y El Charco. Atenco y Oaxaca cual cereza del pastel en 2006.
Como sabemos, recientemente Héctor Aguilar Camín promovió desde la revista Nexos la introducción de otra hipótesis sobre Acteal para reubicar el centro ya no en una masacre concertada y auspiciada, sino en un enfrentamiento o “batalla” entre paramilitares y milicianos zapatistas. En un texto seriado se construyó el escenario para asentar tal aseveración.
Con una lógica a ratos formal, a ratos aritmética, se cuestionó una y otra vez la llamada versión “común” después de “descubrir” que no guarda correspondencia el número de agresores y de posibles víctimas, el número de armas con el número de muertos y muertas. Se sacó la vuelta a evidencias que se aparecían en el camino discursivo como las que acreditan la concertación de fuerzas de seguridad de la entidad chiapaneca o la asignación de armas y recursos a civiles antizapatistas o priístas, esto es, la formación de grupos paramilitares y la intervención del Ejército en ello, y el golpe oficial para provocar desde el gobierno federal la crisis en el diálogo con el EZLN. Todo en el contexto de ubicar el 22 de diciembre de 1997 como el día “señalado” para satisfacer “una venganza”. Ya hemos leído también los testimonios y análisis exhaustivos de personas y organizaciones que reaccionaron y hablan, de nueva cuenta y con conocimiento de causa, entre ellas quienes han acudido, como Las Abejas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cuál es el saldo de esta reapertura en la prensa y medios sobre el caso Acteal? En primer lugar se constata la polarización, expresada en las diversas miradas, posturas ideológicas e intereses políticos. Asimismo, se evidencia la ausencia de un real estado de derecho, pues ninguna de las posturas asume que las actas, primero ministeriales y después judiciales, son confiables y que se ha juzgado a los verdaderos artífices y promotores de la masacre.
En Nexos se prefirió omitir fijar postura contundente sobre las responsabilidades políticas y también jurídicas de quienes estaban obligados a garantizar la paz y llevar adelante un proceso de diálogo en el marco de la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas; se mueven en los terrenos del homicidio y lesiones calificadas antes que en el crimen de Estado.
En contraste, quienes como Las Abejas y el Centro Fray Bartolomé de las Casas han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han definido las responsabilidades desde la Presidencia de la República a toda la cadena de mando. El diferendo, como vemos, no es menor.
La intención de construir un enfrentamiento armado a partir de las declaraciones, 10 años después, de quienes ahora asumieron que estaban listos para “decir la verdad” y dan detalles a modo para dibujar “la batalla”, no resiste la prueba del contexto de 1997.
¿Es creíble que el secretario de Gobernación de entonces y el gobernador chiapaneco aceptaran su destitución si “tenían evidencias” que colocaban en sus redes al EZLN? ¿La Procuraduría General de la República construyó su libro blanco con las distorsiones del caso para “explicar” una masacre negando la existencia de grupos paramilitares, para que de paso con ello “se ocultara una batalla”? ¿Es verosímil que les importaba tanto el diálogo con el EZLN que le “perdonaron” que hubiese roto el cese al fuego? ¿Por qué Albores meses después de la masacre intentó “desmantelar” los municipios autónomos sin usar en contra de los zapatistas el arma clave de la supuesta participación en Acteal?
En la revista Nexos se muestran “evidencias contundentes”, pero la realidad nos dice otra cosa. ¿A quién se le ocurriría negar que el escenario no fue tal y que la ermita estaba de tal o cual manera y las víctimas en lugares distintos y nadie entonces lo vio? ¿Y todo para “proteger y encubrir” al EZLN?
Sin duda ni en aquellos momentos y menos 10 años después nos podemos engañar. Si no queremos, por supuesto. La trayectoria política de actuación de los poderes del Estado para aplicar toda una estrategia de contrainsurgencia y descarrilar el proceso de diálogo con los zapatistas se corresponde con los ejes y los alientos oficiales que actuaron para desencadenar la masacre en Acteal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe una respuesta sobre Acteal a la sociedad mexicana, pero sobre todo en memoria de las víctimas y sus familias.