Guatemala:

Un año del cafta, se confirman los temores

Susana Gauster

FOTO: Marcelo

La promesa de que la liberalización de mercados que implica el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA) mejoraría los precios al consumidor ha resultado falsa. Así lo demuestra la experiencia de Guatemala.

Las alzas este año en los precios internacionales de los granos básicos –que se trasladaron en cierto grado a los productores nacionales– evitaron los efectos negativos que se esperaban de este tratado en la economía campesina, de las y los pequeños cultivadores. No obstante, se pudo notar un aumento considerable en las importaciones de los granos, vinculado con un encarecimiento todavía mayor de los precios al consumidor.

Así, de ninguna manera los beneficios del libre comercio se están trasladando a la población. Mientras, el oligopolio de empresas importadoras está celebrando…

Las pocas empresas que concentran las importaciones de los granos básicos son obviamente también las beneficiarias de las asignaciones de cuotas de importación con cero arancel. Eso representa un subsidio indirecto enorme a pocos, mientras el fisco, y por tanto la capacidad de inversión pública, están sufriendo las consecuencias de dejar de percibir los aranceles.

Visualicemos el hecho: una empresa importadora de maíz blanco (la filial del Grupo Maseca en Guatemala), que bajo dos formas jurídicas importó el 95 por ciento del maíz blanco que entró a Guatemala en 2006, y captó 80 por ciento de las cuotas con cero arancel, ahorró alrededor de 4 millones de quetzales al ser eximido del arancel que el año anterior todavía debió pagar.

Las tres compañías que dominan las compras de maíz amarillo del exterior dejaron de pagar alrededor de 15  millones de quetzales al fisco a raíz de la apertura que ofrece el CAFTA.

FOTO: Danny Hammontree

Mientras tanto, el Programa de Granos Básicos del Viceministerio de Seguridad Alimentaria, instrumento responsable de atender más de medio millón de pequeños productores de granos básicos, gozó durante 2007 de una asignación presupuestaria de sólo 3.3 millones de quetzales.

Sin embargo, el golpe más fuerte viene de otro rubro. En lugar de asentarse, la ansiadamente esperada inversión extranjera nos está dando una lección de lo que significa el libre comercio hoy dia:

La trasnacional estadounidense RDC (Railroad Development Corporation) está demandando al Estado guatemalteco por haber declarado lesiva una concesión otorgada en 1997, concesión que tuvo un costo de 15 millones de quetzales y que implicaba derechos de la vía por 50 años y la obligación de modernizar el sistema ferroviario.

A pesar de que esta modernización nunca se dio y de que RDC nunca hizo funcionar los trenes, ahora de acuerdo con el capítulo 10 de inversiones del CAFTA, está demandando al Estado por 65 millones de quetzales (15 millones por el valor de la concesión y  50 millones por “expropiación indirecta”, o sea por ganancias a futuro perdidas por la rescisión del contrato).

Hace unos días el Ministerio de Economía solicitó un rubro presupuestario para 2008 del monto que demanda RDC, lo cual hace pensar que los alegatos de la empresa tendrán éxito. Este caso no sólo hace reflexionar por la sangria de recursos que RDC hará al pueblo de Guatemala; representa también un precedente de cómo actuar cuando surja un “obstáculo” en aquellas inversiones que nada traen y mucho sacan del país, como son los permisos de exploración y explotación de recursos naturales en minería o petróleo.

Resumiendo: los fondos públicos guatemaltecos en el marco del CAFTA se están distribuyendo así: 65 millones de quetzales para una multinacional estadounidense; 18 millones de quetzales para cuatro importadoras de maíz (como un ejemplo de varios), y 3 millones de quetzales para el sector reconocido como el más afectado por la apertura comercial y en particular el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.