El Senado abrió la puerta a la represión, advierten
Volverían los tiempos de la guerra sucia, dicen expertos
Juristas e investigadores en derecho consideraron que la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal aprobada por el Senado es un retroceso en las garantías individuales de los mexicanos, que de concretarse nos regresaría a la época de la guerra sucia, cuando la policía entraba a los domicilios y se llevaba a las personas sin orden judicial.
Advirtieron que se trata de un paquete de reformas no sólo para atacar el crimen organizado, sino “cualquier brote de disidencia” social. En entrevista, coincidieron en que “los legisladores debieron entrarle a una reforma profunda”.
Instaron a la Cámara de Diputados a rectificar el error legal y replantear la reforma durante todo el periodo de sesiones que abrirá en febrero de 2008, porque “no estamos corriendo, y es mejor hacerlo bien”.
Saludaron el interés por modificar el sistema judicial del país, pero este, dijeron, entre otros puntos debe ser integral y comprender la restructuración de los cuerpos policiacos, además de la “democratización” de la elección de jueces, ministros y magistrados.
Bárbara Zamora, defensora de derechos humanos, acusó que la reforma “no es para combatir el crimen organizado, sino para atacar cualquier brote de disidencia”.
De entrar en vigor como la aprobaron –sostuvo–, los movimientos sociales estarían en riesgo, debido a que “las principales víctimas de las detenciones y allanamientos de morada sin justificación judicial serán las personas que han hecho algún tipo de protesta o que reclaman sus derechos”.
Expuso que el ingreso a domicilios sin orden judicial alguna “es un acto arbitrario que cancela todos los derechos consagrados en la Constitución”, y es la autorización a acciones que contravienen lo suscrito y ratificado por el Estado mexicano en convenciones y tratados de derechos humanos.
“Esperamos que no se llegue a concretar, porque estaríamos totalmente expuestos a la arbitrariedad de los cuerpos policiacos y del Ministerio Público”, precisó.
La activista sostuvo que los juicios orales son una distracción y un engaño para desviar la atención de la reforma judicial solicitada por el gobierno de Estados Unidos en la llamada Iniciativa Mérida, y tienen lugar en el contexto de la guerra contra el terrorismo, dijo.
Por la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda afirmó que la reforma judicial en materia penal planteada por el Ejecutivo, con apoyo de la mayoría del Congreso, pretende establecer un “sistema de control sobre las dirigencias de los movimientos sociales, principalmente los de oposición, ya que se pretende criminalizar la oposición al régimen y la protesta social”.
Agregó que además de tratarse de una enmienda “inútil”, porque no considera el desarrollo de procesos judiciales de los últimos años en el país, tiene “un claro interés de adecuar la legislación mexicana a las de Estados Unidos y Canadá en materia de procuración de justicia”.
Precisó que para que no se vuelva inútil, una reforma judicial necesariamente tiene que pasar por democratizar el sistema de elección de ministros, magistrados y jueces, proceso en el que han estado ausentes la ciudadanía y los organismos especializados.
En tanto, Dolores García, especialista de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó que al aprobar la enmienda judicial los legisladores hayan olvidado que una de las mayores conquistas del derecho constitucional en México ha sido la garantía de la privacidad de domicilio, “fruto de un movimiento armado que vivimos el siglo pasado”.
Sostuvo que si bien el Senado restringió el ingreso de los policías a los domicilios sólo cuando se trate de una amenaza inminente y de un caso de flagrancia, las reformas van quedando deficientes y “totalmente parchadas”, porque una vez que se apliquen, sus limitaciones quedarán evidenciadas.