Hay por lo menos veinte menores afectadas, según el testimonio de dos niñas
Involucran en pornografía infantil al procurador de Jalisco y un funcionario
Piden salvaguardar la seguridad de las denunciantes; el gobierno del estado descarta pesquisas
El procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, y un funcionario de segundo nivel del ayuntamiento de Guadalajara, Martín Aguirre Aguirre, han sido acusados de pornografía infantil en agravio de dos menores, aunque el número de víctimas podrían ser 20, aseguró el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Durante varios meses, una de las jovencitas –quien asegura haber sido violada por Aguirre Aguirre– y su madre de apellido Arellano Enciso han solicitado la acción de la justicia en la entidad; sin embargo nada se ha investigado y en realidad, afirmó Francisco Macías Medina, coordinador del Cepad, las autoridades no han dado seguimiento al caso.
Por ello, las afectadas presentaron el pasado miércoles una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en la ciudad de México y solicitaron las medidas de protección que salvaguarden su integridad física.
Las afectadas temen que los presuntos responsables emprendan algún tipo de acción en su contra como ya ocurrió luego de que hicieron pública su denuncia. La joven fue privada de su libertad y presionada para retirar la demanda contra los funcionarios públicos.
Ya liberada y tras denunciar los hechos, policías judiciales acudieron a su domicilio y junto con su madre y una de sus hermanas, fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del estado, donde fueron obligadas, con amenazas, a firmar declaraciones prefabricadas. Se supone, explicó Macías, que esos documentos tienen la finalidad de exculpar a los involucrados en los ilícitos.
El activista explicó que los delitos de violación, prostitución y pornografía infantil se cometieron en unas fiestas que eran organizadas por Martín Aguirre Aguirre en una granja localizada en Chapala, Jalisco. Mediante regalos, dinero, teléfonos celulares, los presuntos agresores y otras personas convencían a las adolescentes para participar en las fiestas donde se consumía alcohol y drogas.
Las víctimas solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de que dicte medidas cautelares para salvaguardar la seguridad de las denunciantes,
El coordinador de Cepad también denunció que el ombudsman estatal ya determinó que no hay violaciones de derechos humanos y con base en esa resolución anticipada, dijo el activista, el gobernador del estado descartó investigar al procurador y menos removerlo de su cargo.