Vallas y granaderos mantienen fuera del recinto las protestas de manifestantes

Justicia, no popularidad, el compromiso de la Corte, sostiene Ortiz Mayagoitia

Reconoce que el fallo en el caso de Lydia Cacho dejó “un grave descontento y frustración”

Al dictamen se le atribuyó “un efecto absolutorio que no tiene”, dice

Jesús Aranda

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia admitió ayer que la resolución sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro, dejó “grave descontento y frustración” en diversos medios y foros públicos; sin embargo, argumentó que a ese dictamen se le atribuyó “un efecto absolutorio que no tiene”.

Al rendir su primer informe de labores en presencia del presidente Felipe Calderón y representantes de los tres poderes, Ortiz Mayagoitia dijo que la “justicia moderna” debe ser firme “a las presiones, opiniones y manifestaciones”. Tenemos compromiso y vocación con la justicia, no con la popularidad, subrayó.

En medio de un impresionante dispositivo de seguridad y con un salón de plenos semivacío, al inicio de su intervención el ministro presidente sostuvo que la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional –en que se basó la investigación sobre la violación grave de garantías de la periodista a manos del gobernador de Puebla, Mario Marín–, tal y como existe en la actualidad, sin una ley reglamentaria, “puede o no satisfacer las expectativas de la autoridad”.

El Poder Judicial, no imparte más justicia cuando concede que cuando niega: ése es su atributo de imparcialidad, aseveró.

Al igual que sus antecesores, José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón, quienes se mostraron abiertamente contrarios a que la Corte ejerciera la potestad prevista en el artículo 97 constitucional, el ministro hizo una “respetuosa, pero insistente propuesta” para que dicha facultad cuente “con una ley que le dé vida y efecto práctico, o bien, que se elimine”.

En referencia al caso Cacho Ribeiro aseguró que, al igual que en otros asuntos similares, la Corte actúa con apego estricto a los principios constitucionales “sin invadir ni sustituir otros procesos y facultades que sí están reglamentados”.

Antes, durante y después de su informe, un grupo de manifestantes gritaron consignas en contra de Calderón, de Mayagoitia y de la Corte en su conjunto por proteger a “pederastas”; la inconformidad no pasó de algunos escarceos con los granaderos que impidieron que los quejosos traspasaran las vallas metálicas de seguridad que rodearon el edificio sede de la SCJN.

Firmeza ante presiones

En su discurso, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que una justicia moderna, digna del siglo XXI, comprometida con la democracia constitucional y el estado de derecho, sólo puede garantizar la supremacía de la Carta Magna si es firme ante las presiones y totalmente independiente a factores externos.

Indicó que el compromiso de los juzgadores es con la justicia y no con la popularidad, ya que “una es de largo aliento y beneficia desarrollo y estabilidad; la otra, es de corto alcance, volátil y caprichosa”.

Entre los ausentes, destacó el ministro en retiro Juventino V. Castro y Castro, quien declinó la invitación, trascendió, ante la desilusión que le causó que ni el ministro presidente, ni alguno de los otros 10 integrantes del pleno atendieran su carta en la que les pidió que ante el “desprestigio” que sufrió el máximo tribunal por el caso Lydia Cacho, cada uno explicara en un acto público las razones de su voto.

Respecto a la reforma del Estado que está en proceso y, en el contexto de ésta, la del sistema judicial, que se aplazó en el Congreso para las próximas semanas, apuntó que el Poder Judicial federal está en toda la disposición de aportar su experiencia y talento, “para enriquecer cualquier proyecto que redunde en el fortalecimiento de la justicia”.

Aunque recordó que en todo caso las reformas que se aprueben serán aplicadas finalmente por los juzgadores. También mencionó que la jurisprudencia y la actividad judicial, darán asiento y permanencia a los nuevos contenidos constitucionales por conducto de las sentencias.

Luego de hacer un amplio desglose de los asuntos resueltos por la Corte, tribunales y juzgados federales, el ministro presidente se refirió a los amparos en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE. Comentó que suman 167 mil demandas de amparo presentadas ante los dos juzgados de distrito auxiliares que llevan esos asuntos, aunque muchas de ellas están suscritas por varios quejosos.

Hasta la fecha, seis por ciento de esos asuntos se encuentra en proceso de admisión, motivo por el cual, ambos juzgados trabajarán en lo que resta del año –el Poder Judicial federal inició ayer las vacaciones decembrinas–, para que la totalidad de las demandas sean admitidas antes de que termine este año.

Asimismo, ratificó el compromiso de la SCJN de atraer la revisión de esos amparos, para definir “con absoluta imparcialidad, criterios jurisdiccionales que den homogeneidad a las resoluciones y ofrezcan certeza a los miles de quejosos”.

Por otra parte, dio a conocer que para el año próximo, el Poder Judicial de la Federación recibirá un presupuesto total de 29 mil millones de pesos.