El arraigo es una detención anticipada, señala
García Ramírez: preocupantes y riesgosos, los cambios aprobados
Algunas de las modificaciones constitucionales en materia de justicia penal “son francamente preocupantes y riesgosas” porque pueden devenir en conductas abusivas y corruptas, aseguró Sergio García Ramírez, especialista en legislación de derechos humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Aunque también señaló que las reformas tienen aspectos “positivos”, como los avances referentes a juicios orales.
Dijo que es lamentable que los legisladores hayan aprobado que figuras como el arraigo o el allanamiento sin orden judicial de por medio se alojen “nada menos que en la Constitución”, lo que va contra el derecho de presunción de inocencia y se vulneran las garantías ciudadanas, por lo que son “muy discutibles, (ya que si bien) lo aprobado por los legisladores es menos duro que lo propuesto por Felipe Calderón, no deja de ser inquietante”.
Subrayó que el arraigo “es una manera de eludir un verdadero control judicial sobre la situación del inculpado”, mientras que el allanamiento sin orden judicial “no era necesario en lo absoluto porque se otorga una franquicia para que la policía pueda libremente hacer esos procedimientos que estimo peligrosos y riesgosos”.
García Ramírez indicó que existen puntos de las modificaciones constitucionales que “no concilian” con el derecho de presunción de inocencia, como los arraigos que señala la iniciativa constitucional aprobada por el Legislativo. “No son realmente arraigos, sino detenciones anticipadas que se pueden prolongar hasta por 80 días, lo que vulnera la presunción de inocencia”.
Pero el “peligro más grave y riesgoso es que (las reformas) hacen una división del proceso penal que hasta ahora había sido sólo uno. Ahora hay dos sistemas y regímenes procesales penales: uno con garantías para la delincuencia en general y otro para la delincuencia organizada”.