Se opone la empresa a mejora salarial de agricultores
Pide agrupación a México boicotear a Burger King
Ante la campaña que inició Burger King en Estados Unidos para revertir el acuerdo que lograron trabajadores agrícolas de tomate con varias cadenas de comida rápida para recibir un centavo de dólar más por libra de tomate cosechado, la organización El Poder del Consumidor convocó a la población mexicana a dejar de adquirir los productos de dicha empresa trasnacional.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, explicó que el convenio de los productores de tomate –entre los que están varios mexicanos– significa un aumento de 80 por ciento en los ingresos de los agricultores y se estableció después de 30 años de que su salario se mantuvo estancado.
En 2005, los trabajadores de la Coalition of Inmokalee Workers (CIW), después de cuatro años de campaña, lograron que Taco Bell y después Yum Brands, Kentucky Fried Chiken, Pizza Hut, Long John Silver’s y McDonald’s firmaran el acuerdo, con el cual los trabajadores agrícolas aumentaron su salario anual de 10 mil dólares a 19 mil dólares.
La CIW, dijo Calvillo, empezó a presionar a Burger King para que se sumara al acuerdo, pero la cadena está realizando un intenso lobby entre los empresarios del tomate para boicotear el acuerdo y a quienes acepten firmarlo se les sancione económicamente.
La cadena de comida rápida también lleva a cabo una campaña entre la opinión pública para hacerle creer que los trabajadores agrícolas del tomate reciben un salario más elevado en comparación con los trabajadores de Florida, reconocido por ser el gran cultivador de hortalizas y verduras.
Diversos estudios, abundó, han demostrado que las empresas de comida rápida y las grandes cadenas de autoservicio han presionado para que se deteriore el poder adquisitivo del salario de los jornaleros agrícolas, llevándolos a condiciones de vida y de salario que han sido catalogadas por el Congreso de Estados Unidos como “moderno trabajo esclavo”.
Con el acuerdo, los grandes compradores se comprometen a compartir los costos para que los trabajadores reciban un salario más digno, y se establece el derecho de los empleados a participar en el desarrollo de un código de conducta, estableciendo mecanismos para su vigilancia y denuncia.