Critican que ignore propuestas de civiles sobre normas para estaciones de retención
Calderón vuelve a dar a los migrantes categoría de presos, denuncian ONG
Hay un claro retroceso; con Fox por lo menos había mesas de consulta: Edgar Cortez
Organizaciones defensoras de los derechos humanos no han recibido respuesta de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para revisar el proyecto de normas de las estaciones migratorias que la Secretaría de Gobernación (SG) pretende poner en marcha.
Representantes de organismos no gubernamentales lamentan que el gobierno calderonista no dé pasos para incorporar propuestas de la ciudadanía en el diseño de proyectos.
“El gobierno (actual) está retrocediendo. Incluso, con Vicente Fox había mesas de consulta, pero eso no lo tenemos hoy (…) Nos están tratando como un obstáculo”, señaló Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.
Once agrupaciones buscan un encuentro con el titular de la Cofemer, Carlos García Hernández, para señalar los aspectos que, a juicio de la sociedad civil, representan un grave retroceso en la operación de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.
Este jueves, la representante de Sin Fronteras, Fabianne Vennet, se reunirá con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar, para exponer los puntos de vista de ese organismo internacional.
Sin embargo, comentó Edgar Cortez, desde el pasado 7 de junio hay promesas de encuentros conjuntos, aunque al final del camino las propuestas de los organismos civiles no son tomadas en cuenta, afirmó.
La insistencia en la situación que priva en las estaciones migratorias responde a que con las nuevas normas sólo continuará la violación a las garantías básicas de los indocumentados, pero ahora “ocurrirá al amparo de la ley”.
La SG retiró de su página de Internet el anteproyecto respectivo, al que había ubicado ya como “última propuesta”, hecho que aún no ha explicado ni ha informado acerca del visto bueno de la Cofemer.
Los grupos civiles insisten en que sólo fueron escuchados por el equipo del Instituto Nacional de Migración (INM), pero sus propuestas no fueron realmente incorporadas al proyecto.
“Es necesario que haya relación directa entre la consulta a las organizaciones defensoras de derechos y la resolución final”, agregó Cortez. Es el caso –dijo– que en el proyecto de normas no está plasmado el sustento para ampliar los requisitos de ingreso a las estaciones.
El INM tampoco ha explicado por qué las clasificó en “A”, “B” y “C” ni el uso que dará a la información que recabe de los indocumentados. “(El gobierno calderonista) vuelve a colocar a los migrantes como si fueran presos”, reiteró.