Exigen que no pase lo mismo en casos Atenco y Oaxaca
Preocupa al FNCR que ministros actúen en favor de la impunidad
El Frente Nacional contra la Represión (FNCR), donde confluye un amplio abanico de organizaciones que van desde adherentes a la otra campaña hasta seguidores de la Convención Nacional Democrática, expresó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su preocupación por la indolencia que demostraron frente al caso de la red de protección a los pederastas que denunció Lydia Cacho, misma que considera “ominosa” en vísperas de la sesión donde abordarán los casos de los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco.
Las organizaciones del FNCR –que aglutina a docenas de grupos de derechos humanos, sindicalistas del Consejo del Diálogo Nacional y de la Comisión Nacional de Huelga, ex presos políticos y delegaciones de varios estados– desmienten también al secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, quien negó la existencia de “perseguidos y perseguimientos contra líderes sociales”.
María del Carmen López, maestra y líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que tiene en su contra nueve órdenes de aprehensión, y Damián Camacho, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y adherente de la otra campaña, explicaron a este diario que en su más reciente foro deliberativo el FNCR resolvió desarrollar estrategias coordinadas para hacer visible a la población “el enorme problema del castigo a la protesta social”, que el gobierno panista niega, incluida la permanencia de cerca de 170 “presos políticos” en diversas cárceles.
Los casos de Atenco y de la APPO, que forman parte de la agenda de pendientes de la SCJN, son “dos ejemplos dolorosos y tangibles de que esta persecución sí es real”, afirmaron. La Corte deberá fallar en torno a Atenco en febrero del próximo año.
Los dos dirigentes populares señalaron que en los meses pasados entregaron a los ministros pruebas contundentes y abundantes sobre las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron el gobierno federal y las autoridades del estado de México y de Oaxaca al perseguir a dos de las formaciones opositoras más destacadas de los años recientes, el FPDT y la APPO.
“Es mucho lo que está en juego en estos dos procesos. La Corte tiene en sus manos dos casos emblemáticos de la resistencia popular y la forma en que es aplastada por las autoridades. Nos preocupa mucho que los ministros pudieran dictaminar una vez más en favor de la impunidad y en contra de nuestros pueblos”, manifestó Camacho.
En el caso de Atenco, quedan aún 27 presos políticos, tres de ellos sentenciados a 69 años de cárcel en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, y tres dirigentes –América del Valle, Adán Espinosa y Bernardino Cruz– con órdenes de aprehensión. En Oaxaca, además de los 26 asesinatos que siguen impunes, hay siete presos y toda la dirigencia de la APPO tiene diversas órdenes de aprehensión que pueden activarse en cualquier momento.
En sus sucesivas asambleas, el FNCR definió una propuesta para la articulación de “estrategias jurídicas, políticas, mediáticas y de movilización” para lograr la liberación de todos los presos políticos. También se propone la convocatoria de una “comisión amplia” que elabore una propuesta de amnistía que se presente ante el Poder Legislativo en febrero.