El candidato del PAN y del Presidente es Mauricio Merino, dice Larios a su bancada
Acción Nacional veta a Góngora como aspirante a la titularidad del IFE
Argumenta que su cercanía con López Obrador lo inhabilita para dirigir el instituto
En mensaje con dedicatoria, el PRI expresa su simpatía por un académico, pero no del CIDE
Al perfilarse una lista de candidatos de relevancia pública para integrar el nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados vetó al ministro Genaro Góngora Pimentel como candidato a ocupar el cargo de consejero presidente, con el argumento de una supuesta cercanía con Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, la noche del miércoles el “presidente legítimo” negó tener cualquier vínculo con el impugnado integrante del Poder Judicial.
El cordinador parlamentario del PAN, Héctor Larios, planteó a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política que su partido no permitirá que Góngora Pimentel integre la terna para dirigir el IFE, e hizo saber a los legisladores de su bancada que Mauricio Merino es el candidato de Acción Nacional y del Presidente de la República para ocupar ese cargo.
En esa tesitura, la fracción del PRI, que se mantenía sin enfocar sus preferencias por alguno de los 106 aspirantes a los tres lugares en el Consejo General del órgano electoral, definió ayer que seguramente sus candidatos provendrán de la academia universitaria y politécnica, pero no del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), porque “desde esas posiciones arremeten contra el Congreso de la Unión como si ellos fueran puros”.
Para los priístas en San Lázaro los tres nuevos integrantes al IFE se encontrarán en un “segundo piso” de la lista de aspirantes, porque aquellos que tienen imagen pública –y que se encuentran en lo que ha dado por llamar el primer piso– serán descartados al considerarse que en sus carreras se comprometieron políticamente con alguno de los tres partidos mayoritarios (PAN, PRD y el mismo PRI).
Incluso la memoria histórica ahora sí opera entre los representantes del Revolucionario Institucional, porque recuerdan la participación de Mauricio Merino y Jaime Cárdenas en la multa de mil millones de pesos aplicada al PRI a raíz del escándalo del Pemexgate, y “obviamente ellos no serán nuestros candidatos”, se dijo a este diario.
En el caso de Merino, quien el miércoles amagó con no aceptar ser sólo un simple consejero, porque quiere ser presidente del Consejo General, los priístas se mofaron: “ya le pueden ir avisando que no será ni siquiera consejero”.
El dilema al que se enfrentan los diputados federales es la credibilidad en el proceso de selección de candidatos y, por añadidura, el nivel de confianza que la ciudadanía tendría en las nuevas autoridades del IFE si ocurre un arreglo subrepticio. El riesgo latente, no obstante, es la negociación entre PAN, PRD y PRI para imponer un acuerdo mayoritario por encima de una decisión por consenso, lo cual –de acuerdo con los propios priístas– alteraría la pulcritud con que se quiere definir la renovación del instituto.
La mesa directiva, que encabeza Ruth Zavaleta, dio entrada en forma paralela al expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto –enviado por el Senado de la República– por que el se expiden las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Penales (Cofipe). El texto fue turnado a la Comisión de Gobernación, para que ésta a su vez lo dictamine.
Se prevé que el domingo próximo, día en que sesionará ese órgano legislativo, se modifique el contenido de la minuta en lo concerniente a equidad y género. También se pretende adicionar un cambio a la convocatoria para elegir a los restantes consejeros electorales del IFE, con el propósito de que no se permita la participación de aquellos ciudadanos que hubiesen presidido un partido político en los últimos cinco años y no en cuatro, como aprobaron los senadores, y de esa forma cerrarle definitivamente el paso a Jorge Alcocer Villanueva. De ser así, la minuta regresaría a Xicoténcatl para que el pleno asumiera las modificaciones aplicadas en San Lázaro.
Por su parte, el diputado del PRD Carlos Altamirano denunció que la decisión de eliminar las prerrogativas económicas para las agrupaciones políticas nacionales (APN) “significa un retroceso para la pluralidad política del país y la participación de los ciudadanos, porque no contribuye al desarrollo democrático en materia de capacitación política e investigación. En conjunto, las 107 agrupaciones existentes en el país realizan sus tareas con sólo 2 por ciento de lo que reciben los partidos políticos de prerrogativas”.
En la Comisión de Gobernación, la diputada perredista Valentina Batres Guadarrama envió al presidente de ese órgano, Diódoro Carrasco Altamirano, una misiva para solicitar por segundo día consecutivo la cancelación del registro de María Marván Laborde, quien “se encuentra impedida para continuar en el proceso de selección”.
La comisionada al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –con licencia– devenga un salario mensual equivalente al de un subsecretario de estado. Es “requisito fundamental no ser subsecretario de Estado, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación al día de su nombramiento”, según la convocatoria.
Por otra parte, Guillermo Garduño Aguilar solicitó amparo contra la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por no permitirle participar en el proceso de selección del la terna al Consejo General del IFE:
“La responsable (Cámara de Diputados) viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional, porque conculca la garantía de audiencia, ya que no respeta las formalidades esenciales del procedimiento, pues dicho procedimiento emana de un procedimiento (sic) viciado de origen”.
Al continuar el proceso de selección, ayer comparecieron Fernando Serrano Migallón, Fernando Agiss, Juan Francisco Valerio y Benito Nacif, entre otros. Para hoy se prevé una ronda de entrevistas en la cual se presentarán Carlos Sirvent, Genaro Góngora, María de los Ángeles Fromow y Lorenzo Córdova.