La efectuó la AFI a petición de Profepa; pendientes, otras 6
El alcalde de Mazatlán, molesto por detención de funcionario municipal
Mazatlán, Sin., 5 de diciembre. El alcalde de Mazatlán, el panista Isaac López Arregui, criticó hoy la irrupción de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el palacio municipal para detener a Florentino Grande Galindo, subdirector de Construcción de Obras Públicas, acusado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de daños ambientales.
Los agentes llegaron el martes a las oficinas del funcionario, a quien trasladaron a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y luego lo internaron en el penal de la ciudad, basados en la orden de aprehensión 191/2007 girada por el juez noveno de distrito, Elenisse Leyva. Hoy fue consignado.
El alcalde se indignó contra Lorenzo Gómez Leal, titular de la Profepa, quien acusó al funcionario de rellenar un terreno y destruir manglares en una franja del estero El Infiernillo, pues este trabajo, dijo, se hizo para evitar inundaciones a las familias que habitan cerca de las marismas y esteros de esos lugares, cuando gobernó Alejandro Higuera Osuna, ahora diputado local.
“Los procedimientos de la PGR y la Profepa no ayudan a mejorar las relaciones entre los ciudadanos, ya que en esta ciudad líderes de colonias mantienen desde hace años invadidas zonas de reserva federal y cientos de familias corren el riesgo de inundaciones”, señaló.
El alcalde explicó que el funcionario tenía un amparo por otra orden de aprehensión girada en mayo, cuando fue acusado por la Profepa de rellenar un espacio cercano a esteros para construir una cancha en la colonia Quinta Chapalita.
Trascendió que habría seis órdenes de aprehensión más contra otros funcionarios de primer nivel por este mismo delito, entre ellos el secretario del ayuntamiento, Pedro Osuna Amparo; el director y subdirector de Obras Públicas, Sergio Wong y Tito Loreto, respectivamente, y la subdirectora de asuntos jurídicos, María del Rosario Torres, y del ex alcalde Alejandro Higuera Osuna, ahora diputado local.
De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, el delito ambiental no se considera grave, alcanza penas de entre dos y 10 años de prisión, pero el juez puede fijar fianza hasta de 70 mil pesos.