Unicef: la legislación contribuirá a garantizar los derechos de niños y adolescentes
Urge aplicar nuevo sistema de justicia para los menores infractores: CNDH
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, instó al Congreso a agilizar las normas jurídicas que permitan poner en práctica el sistema integral de justicia para menores infractores, durante su participación en un seminario sobre el tema convocado por el Senado de la República.
El ombudsman nacional aseveró también que la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes tiene importancia, pues es un ordenamiento que dispone la protección integral de los jóvenes infractores, y que se ha armonizado con base en los derechos fundamentales reconocidos en el orden jurídico mexicano y en los tratados internacionales.
Soberanes Fernández abundó que la CNDH presentó en septiembre de 2006 un informe sobre los consejos tutelares para menores.
Añadió que de enero a noviembre de este año se han realizado visitas y entrevistas a centros de internamiento para adolescentes en 24 estados, y que en Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz “persistían algunas irregularidades señaladas en el informe referido, principalmente relacionadas con el traslado de adolescentes presos en reclusorios de adultos a centros para menores y/o la adecuación de la pena con base en la hipótesis del nuevo sistema de justicia”.
En tanto, la representante de Unicef en México, Susana Sottoli, manifestó que la aprobación de la nueva legislación contribuirá a garantizar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. A su vez el consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, detalló que la reforma al artículo 18 constitucional “ha sido un paso decisivo en el largo proceso que ha seguido México para consolidar un nuevo orden jurídico y una nueva cultura de reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes del país”.
La reforma a este artículo permitirá “abandonar las reminiscencias de un sistema que concibe a los menores infractores como seres carentes de capacidad para entender y decidir; superar el carácter predominantemente discrecional, que por tanto, tienda a incurrir en abusos e injusticias, y también contribuirá a extinguir la práctica por la que los niños y jóvenes son privados de su libertad por faltas administrativas”.