Debe hacérsele una reforma como la del IFE, señala

La SCJN fomenta la impunidad por el 2 de octubre: Álvarez Garín

Jesús Aranda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es responsable de que persista la impunidad por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, sostuvo Raúl Álvarez Garín, integrante del Comité 68, después que el máximo tribunal resolviera no conocer de las acusaciones de genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

La justicia mexicana no es más que una simulación y una farsa, dijo en entrevista luego de destacar que con este tipo de decisiones se incrementa la desconfianza en el sistema judicial del país.

Después que los ministros fallaron en favor del gobernador de Puebla, Mario Marín, en el caso Lydia Cacho, no queda más que exigir una reforma similar a la electoral, en la que se resolvió renovar la integración del Instituto Federal Electoral (IFE): lo mismo tendría que hacerse en la Corte, sostuvo.

Cuestionó también que la SCJN haya evitado hacer un pronunciamiento en cuanto al genocidio ocurrido en Tlatelolco, con lo que se establecería si en esos hechos hubo un crimen de Estado.

Arremetió también contra el magistrado unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano, que determinó en su momento que Echeverría no era culpable de genocidio, lo que originó el amparo que se pretendía atrajeran los ministros (en razón de que la Procuraduría General de la República impugnó esa decisión).

No es posible, dijo, que en las 52 mil hojas que integran el expediente no haya encontrado ninguna prueba sobre la culpabilidad de Echeverría, cuando están plenamente demostradas en el expediente las cadenas de mando que utilizó el gobierno para que el Ejército mexicano y el Estado Mayor Presidencial reprimieran a los estudiantes. Decisiones en las que, por supuesto, tomó parte el ex mandatario en su calidad de secretario de Gobernación.

Acompañado por otros integrantes del Comité 68, quienes se apostaron en las escalinatas de la Corte para exigir justicia –antes de que se conociera la decisión de la primera sala–, Álvarez Garín señaló que el asunto no está cerrado y que a pesar de que no confían en los tribunales federales, mantendrán su demanda en busca de justicia, pero que también harán lo propio ante instancias gubernamentales.

Por su parte, el abogado de Echeverría, Juan Velásquez, insistió que no había ninguna prueba en el expediente que imputara a su cliente en los hechos ocurridos el 2 octubre y rechazó que en esa fecha haya tenido lugar un genocidio.

Velásquez, quien antes de la sesión preveía el triunfo de su defendido, reiteró los criterios por los cuales la mayoría de ministros se negó a ejercer la facultad de atracción para conocer del asunto. Subrayó que era apenas un auto de formal prisión, que la Corte había fijado criterios constitucionales en materia de genocidio cuando revisó el caso Cavallo y cuando la Corte abrió la puerta para que se llevara a cabo el proceso penal por el halconazo de 1971.

Sostuvo que si bien es importante el asunto del 68 desde el punto de vista histórico, lo cierto es que no reúne las características jurídicas necesarias para que la Corte revise el tema desde el punto de vista constitucional.

Comentó también que el ex presidente se encuentra en buenas condiciones de salud, acorde con sus 86 años de edad.

Añadió que será el quinto tribunal colegiado en material penal el que ratifique o niegue el auto de formal prisión en contra de Echeverría por el delito de genocidio; si ratifican el amparo, el ex funcionario sería dejado en libertad, en caso contrario, continuaría el proceso penal en su contra.