Las modificaciones al Cofipe permitirán reducir los gastos de campaña
Quedaron listas las reglas sobre propaganda en radio y televisión
Se busca evitar que se presenten irregularidades como las ocurridas durante 2006
El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ayer aprobó el Senado de la República, tiene la finalidad de evitar que se repitan las anomalías ocurridas en julio de 2006. Para ello incluye nuevas reglas destinadas a controlar la propaganda en radio y televisión, reducir el costo de los comicios, al disminuir el financiamiento público de los partidos, y otorgar mayores facultades y atribuciones a la autoridad en la materia.
Los puntos más controvertidos de la nueva legislación son las sanciones a televisoras y radiodifusoras –que al final se suavizaron al máximo–, el relevo escalonado de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que trajo como consecuencia la salida del presidente de ese organismo, Luis Carlos Ugalde, y de otros cinco consejeros, y nuevos requisitos para ser integrante del Consejo General.
Además, el establecimiento a rango constitucional de la contraloría interna del órgano electoral; la incorporación de mecanismos como el recuento voto por voto y la eliminación del secreto bancario, para que la autoridad comicial pueda fiscalizar de mejor modo los recursos de partidos y candidatos.
Asimismo, contiene reglas distintas para formar coaliciones, se elimina el financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales y se marca la prohibición de colgar pendones, banderines y toda clase de propaganda en postes y demás equipamiento urbano, con el propósito de impedir los abusos y excesos que provocan irritación social y deterioro de infraestructura.
En el nuevo modelo de acceso a la radio y la televisión al que quedarán sujetos los partidos se dota al IFE de la normatividad que deberá aplicar para la asignación de tiempos por tipo de elección y campaña, tanto federal como local.
Los partidos harán uso del tiempo que les corresponde en mensajes con duración de 30 segundos, y uno y dos minutos, según las reglas específicas de cada proceso.
De los 48 minutos que en todas las estaciones de radio y televisión quedarán a disposición del IFE en los procesos electorales, a las precampañas se asignarán 18 minutos diarios, en conjunto para todos los partidos, y en campañas federales se asignarán 41 minutos diarios a los partidos.
La distribución del tiempo en precampañas y campañas será de 30 por ciento en forma igualitaria y el resto de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección federal para diputados inmediata anterior.
Se fijan sanciones para quienes incurran en conductas prohibidas por la Constitución y otras leyes, debido a que la ausencia de castigos ha propiciado y extendido la comisión de conductas expresamente prohibidas, con la impunidad consecuente.
Para subsanar esas omisiones ahora se tipifican las conductas violatorias de la ley y se determinan las sanciones aplicables por el Consejo General del IFE a ciudadanos, cualquier persona física o moral y a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.
Las sanciones más drásticas se refieren a conductas ilegales, graves y reiteradas en que llegasen a incurrir los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, y consisten en “la suspensión de la publicidad pagada que difunden en una hora y hasta en 36, según lo determine la autoridad”.
Otras de las reformas del Cofipe se refieren a la regulación de precampañas, porque en el pasado éstas han sido convertidas en “actos anticipados de proselitismo que afectan negativamente la equidad”. Por ello, se marcan plazos para dichos procesos, su registro, derechos y obligaciones, los recursos que se utilizarán y la obligación de presentar un informe sobre el origen y aplicación del gasto.
Se define, asimismo, una nueva fórmula de cálculo para determinar el tope de los gastos de campaña de acuerdo con el tipo de elección.
Así, el gasto máximo para los comicios presidenciales será equivalente a 20 por ciento del financiamiento público de campaña asignado a todos los partidos, que implicará una reducción de más de 50 por ciento con respecto a lo ejercido durante 2006.
Contiene también una nueva regulación sobre el financiamiento y prerrogativas de los partidos políticos muy estricta en relación con las fuentes distintas a las públicas que los partidos tienen derecho a utilizar, de tal forma que el monto total de recursos privados permitido a cada instituto será sustancialmente menor al hasta hoy autorizado.