Editorial
CCE: dinero contra democracia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral. El presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, aseguró que la reforma electoral “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. En tanto, el abogado titular del organismo empresarial, Adolfo Arrioja, afirmó que las enmiendas referidas violan los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y señaló, al mismo tiempo, que la derogación del tercer párrafo del artículo 97 –que facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar de oficio las presuntas violaciones al voto público y que, a decir del ministro Mariano Azuela, “está escrito con los pies”– “representa una ruptura en el equilibrio de los poderes de la Unión”.
Las declaraciones del presidente y del abogado del CCE expresan claramente una confusión entre la libertad de expresión –que, en efecto, es una garantía ciudadana irrenunciable– y la libertad de negocios; es pertinente recordarles a las cúpulas empresariales que, en el marco jurídico actual, la libertad de expresión está garantizada –con o sin reforma electoral– para todo ciudadano u organización que desee hacer uso de ella. En cambio, lo que resulta inadmisible y debe evitarse es que un grupo de particulares empeñen su poder económico a fin de distorsionar el sentir ciudadano e influir en las preferencias electorales, justamente lo que el CCE hizo durante la campaña presidencial de 2006, con la contratación millonaria de publicidad –inmoral e ilegítima– en favor del aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, el apoyo que los dueños del dinero dieron a la candidatura del hoy titular del Ejecutivo federal es uno de los elementos que más abonó al áspero conflicto poselectoral del año pasado y al déficit de legitimidad que la presente administración carga desde su origen.
Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular.
Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública.
Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.