Quienes padecen enfermedad terminal podrán rechazar se prolongue su vida

Diputados locales dan luz verde a ley para decidir sobre bien morir

56 votos a favor del decreto de dictamen

Se complementa con adiciones al Código Penal y a la Ley de Salud

Ante un notario deberá invocarse la “voluntad anticipada”

Gabriela Romero Sánchez

Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer el dictamen de decreto por el que se crea la Ley de Voluntad Anticipada, mediante la cual se concede el derecho a quienes padecen una enfermedad en fase terminal a rechazar medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida.

Al presentar en tribuna el dictamen, el diputado perredista Daniel Ordóñez, a nombre de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Salud, remarcó que así como la persona que padece una enfermedad en etapa terminal debe disponer del “derecho a rechazar un tratamiento médico innecesario, también tiene derecho a que le otorguen cuidados paliativos y medidas mínimas ordinarias, como oxigenación, hidratación y/o nutrición del mismo, según lo determine el personal de salud correspondiente”.

Ordóñez precisó que se trata de ortotanasia, cuya conceptualización y alcances son distintos a los propios de la eutanasia activa y pasiva.

El legislador explicó que esta ley se complementa con una serie de adiciones, tanto al Código Penal como a la Ley de Salud locales, con el propósito de precisar que el personal de salud, objetor o no, tanto de instituciones publicas como privadas, que se encargue de aplicar las disposiciones del documento de voluntad anticipada, tenga la certeza y seguridad de que no se harán acreedores a ninguna responsabilidad penal por la aplicación de esa ley.

De esta manera, se crea la figura de Documento de Voluntad Anticipada, el cual deberá suscribirse ante “notario público y podrá realizarlo cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales que manifieste la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de no someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que propicien obstinación médica, es decir, los utilizados innecesariamente para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal”.

A propuesta de la diputada Gloria Cañizo, del Partido Nueva Alianza (Panal), se incluyó en el dictamen un artículo transitorio en el que se establece que en el presupuesto de 2008 se incluirá una partida especial para difundir esta ley.

En tanto, el diputado Tomás Pliego Calvo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso la modificación del artículo 42 a fin de hacer obligatorio para la Secretaría de Salud el garantizar y “vigilar en las instituciones de salud, la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal”.

El diputado perredista Juan Bustos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, aseveró que esta ley no “promueve los cuidados al vapor, ni la desconexión de un enfermo, sino la posibilidad de que el paciente sufra menos en sus últimos días y que, en todo caso, haya cuidados y tratamientos paliativos para poder llegar a una muerte digna”.

El presidente de la Comisión de Notariado de la Asamblea Legislativa, el perredista Carlos Hernández, resaltó el hecho de que la Ley de Voluntad Anticipada sea un “producto legislativo consensuado”. En tanto que el coordinador de la fracción del PRI, Jorge Schiaffino, pidió a los asistentes pensar “sin perjuicio en la defensa y la promoción de la dignidad de la vida humana. Toda persona tiene derecho de concluir su vida de forma serena, apacible, sin dolor ni otros síntomas importantes, al lado de sus seres queridos”.

La panista Paula Soto manifestó que esta ley busca el respeto al ejercicio de las libertades de los individuos, “quienes ante los últimos momentos de su vida exigen hacerlo de la forma menos dolorosa posible”.

Una vez publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el gobierno capitalino dispondrá de un máximo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes al reglamento interior de la Secretaría de Salud del DF, para proveer, en la esfera administrativa, lo relativo a la creación de la coordinación especializada en materia de voluntad anticipada.

Asimismo, el Ejecutivo local deberá suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada para el DF y asegurar el menor costo posible de sus honorarios por elaborar el documento correspondiente, así como su inclusión en las jornadas notariales.