Cientos de personas clausuran el tribunal por la decisión contra Lydia Cacho

El fallo de la Corte “dota de poder” a pederastas, advierten grupos civiles

Fue un “manotazo institucional” a la libertad de expresión, señalan defensores de derechos y víctimas de violencia sexual

Alma E. Muñoz

Al exculpar al gobernador Mario Marín de haber violado las garantías fundamentales de la periodista Lydia Cacho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “dota de poder” a las mafias involucradas en la pederastia y da un “manotazo institucional” a la libertad de expresión, advirtieron defensores de los derechos humanos y víctimas de violaciones sexuales.

En conferencia de prensa, coincidieron con el pronunciamiento de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Víctimas de Sacerdotes Católicos (SNAP, por sus siglas en inglés), en que el fallo es una “patente de corso para la violación infantil, la explotación sexual y el abuso de poder”, porque “coloca a esta delincuencia por encima de la verdad y la justicia”.

Asimismo, respaldaron la solicitud de renuncia de los seis ministros de la Corte que votaron contra Lydia Cacho, propuesta por Raquel Pastor, de la organización Infancia Común, quien además informó que ya recolectan firmas para protestar por la decisión.

Como parte de un grupo de organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, el ex sacerdote católico Alberto Athié resaltó que la postura de la Corte demuestra que en México “hay indefensión y desprecio por la violación a los derechos humanos”.

Lo anterior, remarcó, por considerar esos ataques como “leves, no significativos. Por ello necesitamos el apoyo internacional para salir de esta noche tan oscura en que nos encontramos”.

Convocó a pronunciarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de la Haya y otros tribunales internacionales por la situación que priva en México.

En tanto, Joaquín Aguilar y Erick Barragán –víctimas de sacerdotes católicos pederastas– expresaron su preocupación por la actitud “omisa y negligente” de los ministros para abordar de fondo los “terribles” casos de abuso sexual, pederastia y pornografía infantil, pese a existir pruebas de ello.

Cuestionaron que prive la “justicia ciega de poder y sorda de intolerancia que quiere hacer enmudecer a quienes denunciamos a los impunes y poderosos evasores del orden judicial representados por Mario Marín y el cardenal Norberto Rivera Carrera, pues en lugar de imparcialidad nos ofrecen a las víctimas más aberraciones, abuso y nuevas afrentas”.

Lo resuelto por la Corte, subrayaron, “es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión”.

Por su parte, Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia, lamentó el “abandono” de la justicia hacia los ciudadanos, y que en Puebla, como en otras partes del país, se permita que “los niños sean utilizados como mercancías en un mercado negro, porque no hay combate a la pederastia”.

A su vez, la ex diputada federal Angélica de la Peña cuestionó que las leyes no fueran tomadas en cuenta por los ministros de la Corte y demandó una revisión sobre las actuaciones del Poder Judicial.

En sintonía con estas posturas, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio expresaron su indignación por lo ocurrido a Lydia Cacho.

Calificaron de “inadmisible que algunos ministros de la SCJN minimicen las violaciones graves a los derechos humanos de la periodista, dejándola en peligro e indefensión”

Y advirtieron: “Nos preocupa el mensaje de impunidad y de permisibilidad de la violencia institucional que transmite el órgano supremo de justicia del país respecto a las redes de pederastia”.

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Protestan por la “muerte de la justicia” y la complicidad de los ministros en el crimen

Jesús Aranda

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue clausurada ayer por la tarde por manifestantes, que colocaron ante las puertas del tribunal un ataúd que representó la “muerte de la justicia a manos de ministros que encubren a pederastas”.

“¡Esta Corte apesta!”, coreaban los activistas, mientras la actriz Jesusa Rodríguez decía –enfundada en un overol blanco y con una máscara de protección antigás– que “el olor putrefacto de la corrupción” que emanaba de la SCJN era terrible, y que por ello se llevaba a cabo el “funeral”, con la esperanza de que algún día haya en México ministros que sí impartan justicia.

Centenares de personas hicieron patente su indignación por el fallo del pasado jueves, cuando la Corte abrió el camino de la impunidad para el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, después de haber violado las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

Además, externaron su indignación por que los jueces hayan dejado a la población infantil del país “en la indefensión total” ante las redes de pederastia.

“Un trabajador que recibe el salario mínimo (mil 517 pesos mensuales) necesita trabajar 17 años de su vida para juntar el salario mensual de un ministro de la Corte (308 mil 333 pesos), y a pesar de esos sueldos, los ministros que votaron en favor de Marín Torres son sepultureros de la justicia y avales de los pederastas Kamel Nacif y (Jean) Succar Kuri”, rezaba una manta.

Ni siquiera los ministros que votaron en contra de la impunidad (Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío) se salvaron del escarnio. “¡De qué nos sirve que cuatro ministros hayan votado en favor de Lydia Cacho. La Constitución no sirve para nada!”, planteó Jesusa Rodríguez.

Pobladores de San Salvador Atenco y representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se sumaron a la denuncia, lo que motivó que los presentes gritaran a coro: “¡presos políticos, libertad!, ¡presos políticos, libertad!”

Se vivió un momento de tensión cuando, cerca de las cinco de la tarde, la actriz convocó a los participantes a “clausurar” la “suprema corte de inmundicia de la nación”.

Inicialmente los manifestantes pidieron a los encargados de seguridad que cerraran el enorme portón para “enterrar” el ataúd, a cuyo alrededor habían colocado estiércol y una caricatura del presidente Felipe Calderón con la leyenda “No al gasolinazo”.

Ante el desconcierto de los vigilantes, Jesusa Rodríguez advirtió: “La cierran o entramos todos”.

De inmediato hubo quienes se apresuraron a subir las escaleras para entrar; sin embargo, los llamados al orden de la actriz para esperar a que los policías recibieran de sus superiores la orden para cerrar, evitaron mayores problemas.

Prevaleció la prudencia y minutos después se cerró el portón entre gritos de “¡quieren coñac, quieren coñac!”

Las consignas y los gritos fueron opacados en un momento por la voz de una mujer, que tomó la improvisada tribuna.

Con voz entrecortada hizo uso de la palabra Leticia Valdez Martell, quien llegó acompañada de otras tres madres cuyos hijos fueron violados en Oaxaca, sin que hasta el momento el gobierno de Ulises Ruiz haga algo para aclarar esos casos.

“Teníamos una última esperanza en la Corte. Era por nuestros niños. No es posible que le hayan dado la razón a gente como el gobernador Mario Marín”, dijo indignada la madre de un menor que fue ultrajado en el Instituto San Felipe, del estado de Oaxaca.

Gracias a la “complicidad” de la autoridad, los presuntos responsables materiales, Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, “se pasean en Oaxaca, a pesar de que existe una orden de aprehensión en su contra”, añadió.

“¡No estás sola, no estás sola!”, se oía el grito solidario de los presentes; la Corte ya había sido clausurada.