De quitarlos incurriríamos en responsabilidad: Araiza
Derechos adquiridos, los altos sueldos y bonos en el TCADF
Ante diputados locales, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Jaime Araiza Velázquez, reiteró su defensa de los altos salarios y el “bono navideño” que se otorgan los magistrados de la Sala Superior de ese órgano autónomo, al argumentar que se trata de “derechos adquiridos que no se pueden evitar, ni quitar, porque ahí sí incurriríamos en responsabilidad jurídica”.
Durante una mesa de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aseguró que los salarios que reciben los impartidores de justicia, los cuales ascienden a 100 mil pesos mensuales, fueron fijados en 2001 por el gobierno capitalino cuando se les otorgó la autonomía, pero aún más, agregó que no se le hacen mucho “dentro del mercado”, porque son muy “inferiores al resto de los magistrados de otros tribunales”.
Respecto al bono por 130 mil pesos, adicional al aguinaldo que obtienen de entre 160 a 190 mil pesos, reiteró que se trata de una prestación laboral con el concepto “aguinaldo dos” que se otorga también en otros organismos autónomos, e indicó que si está libre del pago, en 50 por ciento, del impuesto sobre la renta (ISR) es porque no acceden a 12 mil pesos en vales para compras en tienda que sí tienen los trabajadores de base.
“Por otra parte –agregó–, nuestra ley señala que no se puede disminuir por ninguna causa los emolumentos que perciben los magistrados. Entonces esa es la causa. Desde hace años está totalmente institucionalizado el aguinaldo dos”.
El impartidor de justicia, quien acudió al órgano legislativo a presentar su propuesta de presupuesto para 2008, respondió así a los cuestionamientos del diputado del PRD Tomás Pliego, quien aprovechó la ocasión para inquirirle también sobre la filtración de información sobre los resultados de una auditoría aplicada al órgano autónomo, luego del fracasado intento por constituir un fondo para el beneficio de los magistrados con recursos retenidos a los trabajadores.
Araiza Velázquez aseguró que por parte del tribunal se hizo una investigación y no se encontró ninguna prueba de que haya existido dicha filtración. “Por otra parte, a mí se me hace absurdo (…) que en el tribunal alguien tuviera interés (en tener el documento) dos, tres días antes de la fecha en la que nos fue entregado por la Contaduría Mayor de Hacienda”, esgrimió.