Las pesquisas las deberán realizar la PGR y la CNDH, demanda Sabines Guerrero
Solicita el gobierno de Chiapas investigar a fondo a la Opddic
La organización es acusada de ser un grupo paramilitar priísta ligada a intereses trasnacionales
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 de noviembre. El gobierno de Chiapas solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una investigación exhaustiva a la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos (Opddic) por la serie de denuncias públicas sobre sus actividades, quiénes y cómo los financian, cuáles son los intereses y cuál es su razón en Chiapas, particularmente por las amenazas de muerte al Consejo Autónomo de San Andrés y las agresiones en los municipios de Chilón y Tumbalá.
Sobre el tema, el gobernador Juan Sabines Guerrero señaló que “es prioridad para este gobierno el respeto a los derechos humanos y el combate a todo tipo de injusticias, especialmente contra los que menos tienen”.
Apuntó que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que “inicie las averiguaciones para los casos de Leonardo Navarro Jiménez y Juan Navarro Jiménez, que son los afectados en el caso de Chilón; de igual forma, Manuel Jiménez Álvaro, Jerónimo Morales Álvaro, Manuel Méndez Silvano, Manuel Hernández y Miguel Pérez Álvaro, agredidos en el municipio de Tumbalá”, concluyó.
En un comunicado de prensa, el gobierno informó que la decisión fue tomada a raíz de las muchas denuncias contra la Opddic que se han publicado en los medios de comunicación, especialmente “con base en los trabajos de La Jornada”.
De acuerdo con la junta de buen gobierno (JBG) Corazón del Arcoiris de la Esperanza, las más recientes “agresiones” de integrantes de la priísta Opddic en contra de bases de apoyo zapatistas ocurrieron el pasado sábado 24 en el municipio autónomo Olga Isabel (oficialmente se llama Tumbalá).
Precisó que ese día a las 11 de la mañana “un grupo de 80 personas, perteneciente a la Opddic, penetró con lujo de violencia” en el poblado Bolon Ajaw con armas de fuego, machetes y palos; “20 personas portaban pistolas calibres 22 y 38; seis más escopetas y el resto palos y machetes”, dijo.
Agregó que al llegar al poblado “encontraron a mujeres niños, niñas y a un compañero promotor de salud, de nombre Manuel Hernández”, a quien “agarraron y a pesar de estar enfermo lo golpearon brutalmente a patadas y con palos en todo su cuerpo dejándolo inconsciente”.
Posteriormente “le dijeron que (los zapatistas) abandonen ese lugar inmediatamente con su grupo, porque si no van a morir todos, y luego abandonaron el lugar”. El poblado de Bolon Ajaw comprende 339 hectáreas y se formó con tierra “recuperada por bases de apoyo zapatistas en el año 2001. Actualmente lo habitan 41 familias que suman 200 personas, entre adultos y niños. Se ubica en el ejido Agua Azul, dentro del cual están las cascadas del mismo nombre, que explotan integrantes de esa agrupación.
La Opddic, según organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y bases de apoyo del EZLN, es un grupo paramilitar que desde el año 2000 se extendió hasta ocupar el territorio donde antes operaban el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), los Chinchulines y Paz y Justicia.
Actualmente la Opddic mantiene 68 juicios agrarios para despojar a comunidades zapatistas de sus territorios, tanto en la zona de Las Cañadas como en los municipios de Chilón, Tumbalá, Sitalá, Tila, Sabanilla y Palenque.
El grupo fue creado por el ex diputado local y diputado federal suplente por el Partido Revolucionario Institucional, Pedro Chulín Jiménez, fundador también del grupo paramilitar denominado MIRA, y operador en la zona de Las Cañadas de los desmantelamientos de los municipios autónomos zapatistas, ocurridos entre 1997 y 1998.
A raíz del enfrentamiento por la disputa del poblado Viejo Velasco Suárez, ocurrida en noviembre de 2006 en la zona de Las Cañadas, la Opddic incrementó sus acciones para despojar a decenas de comunidades zapatistas de sus territorios.
Según documentó el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC, para llevar a cabo el despojo de los territorios zapatistas, la Opddic es apoyada por un notario público, un actuario del Tribunal Unitario Agrario, y un servidor público y líder sindical de la Secretaría de la Reforma Agraria, quienes también participaron en el desmantelamiento del municipio autónomo zapatista Tierra y Libertad, en abril de 1998.
En el contexto de estas acciones de despojo, en enero de este año la Opddic envió una carta pública al subcomandante Marcos, en la que le exigen ordene a las bases de apoyo del grupo insurgente abandonen 43 hectáreas del ejido San Antonio El Porvenir, de Ocosingo.
En la carta el grupo paramilitar advierte que de no hacerlo “personalmente nosotros lo haremos (despojar a los indígenas) por la fuerza”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización Maderas del Sureste acusan a la Opddic de ser utilizada para desocupar los territorios donde empresas trasnacionales tienen intereses.
Denuncian que la Opddic es un “actor vinculado a la política y acción paramilitar ocurrida en Chiapas y en la Selva entre 1995-1999 –mismos que no fueron castigados ni desarmados en el sexenio estatal y federal anterior– y actualmente se están posicionando geopolíticamente alrededor de la selva Lacandona”.