Junta de buen gobierno exige la liberación del preso político Gregorio Álvaro Cruz
Denuncian injusticias en penal de Catazajá, Chiapas, principalmente contra indígenas
A los reclusos se les niega la atención médica, incluso si es de emergencia, acusa
Construyen carretera hacia el poblado Roberto Barrios, que afectará a habitantes de la zona
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El gobierno de Chiapas construye una carretera que va hacia Roberto Barrios
Foto: Moysés Zúñiga
Roberto Barrios, Chis., 28 de noviembre. La junta de buen gobierno (JBG) Nueva Semilla que Va a Producir dio a conocer las injusticias y arbitrariedades que sufren los internos del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 17 en Playas de Catazajá, especialmente su compañero base de apoyo zapatista Gregorio Álvaro Cruz, de la comunidad Choles de Tumbalá, establecida en tierras recuperadas en el municipio oficial de Palenque, y destruida por la policía estatal meses atrás.
Los internos del Cereso sufren “graves violaciones a sus derechos, prepotencias y abusos por parte de los custodios”. Reciben trato agresivo, “con insultos, porque son indígenas”. Se les niega atención médica, aun si es una emergencia: “Trata de aguantarte, deja de estar chingando”, les dicen. También abusan de los familiares, quienes son insultados y no les permiten pasar comida.
En cambio, los que tienen dinero o influencias introducen toda lo que quieran. “Hasta tambos de comida”. Hay una marcada discriminación contra la población indígena, en su mayoría choles y tzeltales. La comida del Cereso “es muy mala, a veces en mal estado”.
La JBG señala en particular al comandante Francisco Lizcano Cruz, quien acosa a las visitas femeninas. El director, Fernando Orantes Padilla, nunca resuelve los problemas y protege a los guardias y celadoras.
Algunos visitantes, sobre todo mujeres, son obligados a desnudarse completamente “y hacer agachadillas, tratándoles de forma muy grosera”. Las celadoras Martha María Flores y Ana Negrón “dan de pérdida” los objetos que los familiares dejan en la aduana. Los custodios Eduardo Arturo Herrera, Ezequiel Sánchez, Marcial Gregorio Landero y uno de nombre Enrique abusan reiteradamente de familiares e internos.
Por todo esto los internos denunciaron los hechos ante las autoridades autónomas de la zona norte.
El 17 de noviembre por la noche, 10 custodios armados con macanas y gases entraron a catear las celdas buscando una denuncia que 84 internos firmaron para dar a conocer estas violaciones y exigir respeto. La denuncia fue encontrada en la celda de Gregorio Álvaro Cruz, ya que a él le habían solicitado que la guardara. Ahora están “investigando” quién hizo la denuncia “para trasladarlo a otro Cereso”. A Gregorio lo tienen amenazado y le prohibieron que la trabajadora social le compre hilos, chaquiras o cualquier otra cosa que necesite.
Los internos sólo pueden comprar de lo que venden en el penal, que por cierto se llama José Patrocinio González Blanco Garrido en honor (y vaya o no) del ex gobernador e hijo del pasado de Catazajá.
La JBG demanda respeto a los internos y sus familiares, la destitución del director y los custodios y celadoras abusivos, y la liberación inmediata de Gregorio Álvaro Cruz, “preso político” cuyo “único delito es luchar por un pedazo de tierra, como de los demás miembros de la comunidad Choles de Tumbalá”.
Nueva carretera hacia Roberto Barrios
Por otro lado, se ha acelerado de manera extraordinaria la construcción de una nueva carretera que conducirá a la comunidad de Roberto Barrios desde la vía transfronteriza. Decenas de trascavos, aplanadoras y otros vehículos pesados, y numerosos camiones de volteo, trabajan día y noche en medio de grandes lodazales. El paisaje se ha transformado en pocos días. Las compañías constructoras ya tienden un puente sobre el río Bascán para cruzar a Roberto Barrios.
Si bien la mayoría de la población (perredistas y zapatistas) se oponen a la creación de un centro turístico en las cascadas aún en estado salvaje en el río Bascán, la acelerada creación de infraestructura, así como la presión del gobierno y inversionistas sobre las comunidadades vecinas parecen anunciar nuevos conflictos comunitarios. El grupo priísta de la localidad se muestra partidario del desarrollo turístico y la eventual privatización de las tierras.
El trazo carretero privilegia el acceso a Roberto Barrios casi como destino exclusivo de la ruta. Todos los pobladores, independientemente de su filiación política, se muestran asombrados. La vida de la comunidad está a punto de cambiar drásticamente. Significativamente, el poblado se ha llenado de serpientes esta semana, por lo visto ahuyentadas por las máquinas que rompen la tierra, las laderas y la vegetación. La propuesta autónoma es conservar el río, pero los planes gubernamentales son distintos.
Visto desde aquí, el “desarrollo” por venir será en beneficio ajeno, y el río, al que cada tarde aún bajan los zaraguatos, se podría volver un balneario con hoteles y campos deportivos, y los indígenas acabarán pagando por bañarse en el río que todavía hoy les pertenece.