Marcha atrás a intención inquisitoria en seguridad pública
En la negociación entre representes del Poder Ejecutivo y senadores, para aprobar las reformas en materia de justicia penal y seguridad pública, ya se desechó la posibilidad de que el Ministerio Público Federal realice cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin mandamiento judicial, y se acordó que las policías, tanto a nivel local como federal, sólo tendrán capacidad de investigación en materia de prevención, y en cuestiones de carácter penal seguirán bajo el mandato del Ministerio Público, revelaron funcionarios del gabinete de seguridad.
En ese contexto, las fuentes señalaron que van muy adelantadas las negociaciones para que en este periodo ordinario de sesiones se dé la aprobación de estas propuestas de reformas legislativas –enviadas al Senado el 9 de marzo de 2007–, aunque, a decir de los funcionarios entrevistados, el documento final constituirá un conjunto de ideas tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, “porque serán las ideas de todos los actores sociales y políticos, reflejadas en un documento”.
Asimismo, mencionaron que las propuestas presidenciales han sido modificadas pero bajo la perspectiva de que es necesario sumar fuerzas e ideas para combatir mejor a la delincuencia. Por ello el proyecto de que en México se realicen juicios orales va hacia delante, pero no se prevé que sea un cambio radical y rápido; el acuerdo alcanzado hasta este momento es que la transformación hacia un sistema acusatorio será gradual y concluirá en un plazo de siete años, señalaron los entrevistados. Aunque abarcará todas las materias del derecho, quedará fuera de esa modalidad procesal todo lo relacionado con delincuencia organizada.
Cabe recordar que ésta es la primera iniciativa de reformas que fue enviada al Poder Legislativo por parte de Felipe Calderón, y aunque mucho se ha hablado de la necesidad de adecuar los marcos legales en cuestiones de justicia y seguridad pública, ha sido en los últimos meses cuando se ha avanzado hacia acuerdos entre legisladores y representantes del Poder Ejecutivo.
Los entrevistados mencionaron que a fin de no despertar ninguna sospecha de violación a los derechos humanos, no se darán facultades al Ministerio Público para realizar cateos o intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial; “todo será con mandamiento judicial”.
Cambio de procedimientos
Para perseguir a integrantes de grupos criminales, considerados delincuencia organizada, ya también se han alcanzado consensos en torno a aprobar lo relativo a la extinción de dominio respecto de aquellos bienes que han sido obtenidos como producto de un delito, y con ello, de manera paralela al juicio que se sigue al responsable, la autoridad podrá hacerse de los bienes adquiridos ilícitamente mediante un procedimiento jurídico-administrativo y no de carácter penal, como ocurre en la actualidad.
Otro de los puntos en los que ya habría consenso tiene que ver con los llamados jueces de garantías, quienes podrán otorgar la autorización, por ejemplo, para un cateo en Monterrey, sin que obligadamente el Ministerio Público Federal tenga que hacerlo en esa ciudad. La finalidad es que estas acciones puedan ser tramitadas en el Distrito Federal o cualquier otra ciudad, y se pueda tener mayor agilidad en los procedimientos, señalaron los entrevistados.