María del Carmen Alanís elude profundizar sobre irregularidades de Flavio Galván
La presidenta del tribunal electoral promete combatir corrupción interna
El TEPJF “no será sometido por los actores a los que juzga”, advierte al rendir informe
Sin aludir expresamente al relevo forzado en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ocurrió en agosto, la actual magistrada presidenta, María del Carmen Alanís, sostuvo que la sociedad quiere una institución transparente en su desempeño y en el manejo de sus finanzas. Por ello, al rendir su primer informe de labores ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió el compromiso de combatir la corrupción y de transparentar el ejercicio de las funciones del organismo.
Durante su informe sólo dijo que tomó posesión el 6 de agosto y se refirió de manera genérica a la pretensión de adquirir un inmueble –no relacionó las irregularidades graves registradas con la salida del ex presidente del tribunal Flavio Galván–, y señaló que “ya se dictó auto de conclusión de la investigación que derivó en el inicio de dos procedimientos administrativos de responsabilidades que se encuentran en estado de resolución”, para lo cual se realizaron 20 comparecencias y 42 diligencias.
En su mensaje político sostuvo que “el tribunal no será sometido ni capturado por los actores a los que juzga. A todos los partidos y a los ciudadanos les conviene un tribunal electoral fuerte, con presencia, que pueda dar razón a quien la tenga y que aplique la ley sin presión ni distinción”.
Consideró natural que el tribunal “sea objeto de presión de quienes quieren que decida en su favor”; eso no influye –dijo– en las decisiones de los magistrados.
“No olvidemos que el tribunal es la última instancia en materia electoral y que somos jueces que nos debemos a la discreción, a la moderación y a la prudencia al resolver cualquier controversia. No somos un poder que manda, pero sí somos parte del poder que frena a los que, abusando de su fuerza, se quieren imponer sobre los legítimos mandantes”, añadió.
Gran parte del informe de Alanís se orientó a ofrecer la numeralia de los casos que llegan al tribunal electoral: destacó que 76 por ciento de los medios de impugnación recibidos durante el año corresponde a juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, relativos, en su mayoría, a militantes que cuestionan las determinaciones de sus respectivos partidos.
Subrayó que es el medio de impugnación que ha crecido más rápido, pues lo ha hecho 273 por ciento en los pasados cinco años.
Si bien ponderó que esta situación refleja que los ciudadanos han buscado los cauces institucionales para resolver la presunta violación de sus derechos, también señaló que los partidos políticos deberían fortalecer sus esquemas de justicia partidaria interna, con el propósito de que los casos que lleguen a resolverse en el tribunal sean la excepción.
Alanís refirió que para 2008 el TEPJF contará con un presupuesto de mil 434 millones de pesos, lo cual representó 116 millones de pesos menos de los que originalmente habían sido solicitados al Congreso de la Unión. No obstante, manifestó su conformidad con la aprobación de un artículo transitorio que reserva la posibilidad de obtener recursos adicionales derivados de las responsabilidades de la nueva legislación electoral.
Al acto acudieron sólo algunos dirigentes partidistas, los coordinadores de PAN y PRD en el Senado, Santiago Creel y Carlos Navarrete, respectivamente, los consejeros electorales y magistrados estatales.
Al abundar en materia de transparencia y manejo financiero, Alanís manifestó que se requiere desarrollar acciones de fondo a corto y mediano plazos para lograr un “control más rígido” del manejo administrativo del tribunal.
De acuerdo con las cifras ofrecidas, los 3 mil 312 casos que se han recibido de enero a la fecha representan 13 por ciento más que los recursos promovidos ante el tribunal durante 2006. Asimismo, se especificó que del total de recursos desahogados, 35 por ciento de ellos se consideraron fundados parcial o totalmente; 23 por ciento fueron decretados como infundados y 38 por ciento fueron desechados.